Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 5(Educación), 46-60, 2025
https://doi.org/10.62574/rmpi.v5iEducativa.435
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Estrategias de planificación para la inclusión y equidad en instituciones educativas
Planning strategies for inclusion and equity in educational institutions
Víctor Lautaro Sinche-Pauta
Victor.sinche@quito.gob.ec
Universidad Central del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-5907-4745
Wendy Patricia Castillo-Ordoñez
Wendy.castillo@quito.gob.ec
UTPL: Universidad Particular de Loja, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-4501-9834
Doménica Ivanova Balseca-Saeteros
domenica.balseca@quito.gob.ec
Universidad Central del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0002-7062-126X
Fanny Jeaneth Rodríguez-Ojeda
fjrodriguezo@uce.edu.ec
Universidad Central del Ecuador, Quito, Pichincha, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-0756-8479
RESUMEN
El estudio se propone diseñar estrategias de planificación para la inclusión y equidad en instituciones
educativas. A través de una metodología descriptiva documental con análisis de contenido, se
examinaron diecinueve fuentes especializadas que abordan diferentes dimensiones de la educación
inclusiva. Los resultados revelan que la planificación institucional requiere integrar cuatro ejes estratégicos
fundamentales: el desarrollo de competencias docentes específicas, la implementación del Diseño
Universal para el Aprendizaje como marco pedagógico, la transformación de las prácticas evaluativas
hacia enfoques colaborativos y diferenciados, y la consolidación de culturas institucionales que
reconozcan la diversidad como valor educativo. La discusión evidencia que las instituciones educativas
enfrentan tensiones entre políticas declarativas y prácticas efectivas, requiriendo modelos de planificación
que articulen coherentemente los niveles macro, meso y micro del sistema educativo. Se concluye que las
estrategias de planificación deben trascender enfoques meramente técnicos para incorporar dimensiones
éticas, políticas y pedagógicas que garanticen trayectorias educativas equitativas.
Descriptores: planificación educativa; inclusión; equidad. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The study aims to design planning strategies for inclusion and equity in educational institutions. Using a
descriptive documentary methodology with content analysis, nineteen specialised sources addressing
different dimensions of inclusive education were examined. The results reveal that institutional planning
requires the integration of four fundamental strategic axes: the development of specific teaching skills, the
implementation of Universal Design for Learning as a pedagogical framework, the transformation of
assessment practices towards collaborative and differentiated approaches, and the consolidation of
institutional cultures that recognise diversity as an educational value. The discussion shows that
educational institutions face tensions between declarative policies and effective practices, requiring
planning models that coherently articulate the macro, meso, and micro levels of the educational system. It
is concluded that planning strategies must transcend purely technical approaches to incorporate ethical,
political, and pedagogical dimensions that guarantee equitable educational trajectories.
Descriptors: educational planning; inclusión; equity. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 11/08/2025. Revisado: 14/08/2025. Aprobado: 18/08/2025. Publicado: 16/09/2025.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas contemporáneas enfrentan el imperativo ético y pedagógico de
garantizar trayectorias formativas equitativas para la totalidad de su estudiantado,
independientemente de sus características individuales, condiciones socioeconómicas o
necesidades específicas de apoyo. Este desafío se inscribe en un contexto global donde los
sistemas educativos han transitado desde modelos segregacionistas y de integración parcial
hacia paradigmas de inclusión plena, reconociendo que la diversidad constituye un elemento
inherente a toda comunidad escolar y no una excepción que requiera adaptaciones marginales.
En Iberoamérica, la educación inclusiva se ha posicionado como un horizonte normativo que
orienta políticas públicas, reformas curriculares y prácticas institucionales. No obstante,
múltiples investigaciones documentan brechas significativas entre las declaraciones formales
de inclusión y las realidades cotidianas de las aulas, donde persisten barreras arquitectónicas,
curriculares, metodológicas y actitudinales que limitan la participación plena de determinados
grupos estudiantiles (San Martín-Ulloa et al., 2020). Esta distancia entre retórica y práctica
evidencia que la inclusión no emerge espontáneamente de la voluntad individual de docentes o
directivos, sino que requiere procesos sistemáticos de planificación institucional que articulen
recursos, capacidades, estrategias y culturas organizacionales orientadas hacia la equidad.
La planificación para la inclusión trasciende la elaboración de documentos programáticos o la
incorporación de ajustes puntuales para estudiantes con necesidades educativas especiales.
Implica, por el contrario, repensar integralmente los propósitos formativos, las estructuras
organizativas, las prácticas pedagógicas y los sistemas de evaluación desde una perspectiva
que reconozca la heterogeneidad como punto de partida y diseñe respuestas educativas que
beneficien a la totalidad del alumnado (Aldana-Zavala et al., 2023). En este sentido, la
planificación inclusiva constituye un proceso político-pedagógico que interroga los supuestos
meritocráticos que han caracterizado históricamente a la institución escolar y propone
alternativas que democraticen el acceso al conocimiento y las oportunidades de desarrollo.
Diversos autores han señalado que la transformación hacia instituciones genuinamente
inclusivas requiere abordar simultáneamente las dimensiones culturales, políticas y prácticas
de la vida escolar (Beltrán-Villamizar et al., 2015). Las culturas institucionales deben
evolucionar desde concepciones deficitarias que patologizan la diferencia hacia enfoques que
valoren la diversidad como fuente de enriquecimiento mutuo. Las políticas institucionales
necesitan traducir los marcos normativos generales en lineamientos específicos que orienten la
asignación de recursos, la organización de apoyos y la distribución de responsabilidades. Las
prácticas pedagógicas deben incorporar repertorios metodológicos flexibles que permitan
múltiples formas de acceso al currículo, expresión del aprendizaje y participación en
actividades comunitarias.
Dentro de este panorama complejo, la investigación educativa ha identificado algunos marcos
conceptuales y metodológicos que resultan particularmente potentes para orientar la
planificación inclusiva. El Diseño Universal para el Aprendizaje emerge como un enfoque
preventivo que propone organizar la enseñanza desde múltiples medios de representación,
acción-expresión y compromiso, anticipando la variabilidad estudiantil en lugar de responder
reactivamente a ella (Pastor, 2019). Las metodologías activas y colaborativas se posicionan
como alternativas que descentran la transmisión unidireccional de contenidos y promueven la
construcción colectiva de conocimientos en contextos de interacción significativa. La evaluación
formativa y diferenciada ofrece herramientas para retroalimentar los procesos de aprendizaje
sin reproducir lógicas selectivas que estigmatizan a quienes aprenden de formas diversas.
Sin embargo, la incorporación efectiva de estos enfoques en la vida institucional requiere
procesos de planificación que consideren las condiciones materiales, los saberes docentes, las
trayectorias institucionales y las dinámicas comunitarias específicas de cada contexto. No
existen recetas universales para la inclusión, sino principios orientadores que deben
contextualizarse en función de diagnósticos situacionales rigurosos y de la participación activa
de los actores educativos en la definición de prioridades y estrategias.
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En función de lo expuesto; el estudio se propone diseñar estrategias de planificación para la
inclusión y equidad en instituciones educativas.
MÉTODO
El estudio se sustenta en un diseño metodológico de carácter descriptivo documental con
análisis de contenido, orientado a examinar sistemáticamente la producción académica reciente
sobre educación inclusiva y equidad en instituciones educativas del contexto iberoamericano.
Este enfoque metodológico resulta pertinente cuando se busca caracterizar, interpretar y
sintetizar el conocimiento producido en torno a una temática específica, identificando patrones,
tendencias conceptuales y orientaciones prácticas que emergen del corpus analizado.
La población de estudio estuvo constituida por diecinueve publicaciones científicas
especializadas en educación inclusiva, publicadas entre los años 2015 y 2025 en revistas
académicas indexadas de reconocido prestigio en el ámbito iberoamericano. Los criterios de
selección del corpus documental consideraron la pertinencia temática con los objetivos de
investigación, la calidad metodológica de los estudios, la diversidad de contextos geográficos
representados y la actualidad de las publicaciones. El conjunto analizado abarca
investigaciones desarrolladas en diversos países de América Latina, incorporando tanto
estudios empíricos como reflexiones teórico-conceptuales que abordan diferentes dimensiones
de la inclusión educativa.
La distribución temporal del corpus evidencia un crecimiento sostenido del interés investigativo
en la temática durante la última década, con una concentración particular de publicaciones en
el período 2020-2025. Este fenómeno refleja tanto la consolidación de la educación inclusiva
como campo de indagación científica cuanto la creciente preocupación de los sistemas
educativos por traducir los marcos normativos internacionales en prácticas institucionales
efectivas. Geográficamente, las publicaciones analizadas representan experiencias de
Colombia, Ecuador, Chile, Perú, México y otros países de la región, ofreciendo una visión
panorámica de los desafíos y avances en contextos con características socioeducativas
diversas.
El análisis de contenido se desarrolló mediante un proceso sistemático de lectura analítica,
codificación temática y síntesis interpretativa de los documentos seleccionados. En una primera
fase, se realizó una lectura exploratoria del corpus completo para obtener una visión global de
las temáticas abordadas, los enfoques teóricos predominantes y las metodologías empleadas
en los estudios. Esta aproximación inicial permitió identificar categorías emergentes que
orientaron las fases subsiguientes del análisis.
Posteriormente, se procedió a una lectura analítica profunda de cada documento, registrando
los elementos conceptuales centrales, los resultados empíricos reportados, las propuestas
metodológicas presentadas y las conclusiones formuladas por los autores. Este proceso de
análisis conside tanto los contenidos manifiestos de los textos cuanto los supuestos
epistemológicos y políticos que subyacen a los diferentes enfoques sobre inclusión educativa.
Se prestó atención especial a las concepciones de diversidad, equidad y calidad educativa que
atraviesan las publicaciones, reconociendo que estos conceptos admiten interpretaciones
múltiples que tienen implicaciones prácticas diferenciadas.
La codificación temática se organizó en torno a cuatro ejes analíticos principales que
emergieron del corpus: competencias docentes para la inclusión, marcos pedagógicos y
didácticos inclusivos, sistemas de evaluación en contextos de diversidad, y culturas y políticas
institucionales para la equidad. Estos ejes no constituyeron categorías predefinidas sino
núcleos temáticos que se consolidaron inductivamente durante el proceso de análisis,
evidenciando las preocupaciones centrales que atraviesan la investigación reciente sobre
educación inclusiva en Iberoamérica.
La síntesis interpretativa final buscó identificar convergencias y tensiones entre los diferentes
estudios, reconociendo tanto los consensos que se van consolidando en el campo cuanto los
debates abiertos que requieren profundización. Se atendió particularmente a las implicaciones
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de los resultados investigativos para la planificación institucional, interrogando de qué manera
los conocimientos producidos pueden orientar el diseño de estrategias que fortalezcan la
inclusión y equidad en contextos educativos concretos.
El estudio se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación documental, citando
adecuadamente las fuentes consultadas y reconociendo la autoría intelectual de los trabajos
analizados. Se procuró mantener una lectura crítica pero respetuosa de las diferentes
perspectivas teóricas y metodológicas presentes en el corpus, evitando juicios valorativos que
descalifiquen enfoques alternativos sin fundamentación argumentativa.
RESULTADOS
A partir de la revisión sistemática del corpus documental, se ha logrado determinar cuatro ejes
estructurales que articulan los debates actuales en torno a la inclusión educativa,
constituyéndose en pilares fundamentales para el diseño de estrategias institucionales
orientadas hacia la equidad: la construcción de capacidades profesionales especializadas en el
cuerpo docente, la adopción de paradigmas pedagógicos que reconozcan y valoren la
diversidad, la reformulación de los sistemas de valoración del aprendizaje, y el establecimiento
de ecosistemas institucionales que proporcionen sustentabilidad a los procesos
transformadores.
Capacidades profesionales del profesorado para contextos diversos
En este sentido, la preparación continua y el fortalecimiento de las capacidades del personal
académico constituyen factores determinantes en la viabilidad de cualquier proyecto que
busque materializar la inclusión educativa. Los trabajos examinados convergen al señalar que
educar en la diversidad trasciende el simple manejo de contenidos disciplinarios y
metodologías didácticas tradicionales, requiriendo habilidades complejas para administrar la
heterogeneidad estudiantil, construir alternativas pedagógicas diferenciadas y establecer
dinámicas colaborativas con diversos especialistas.
Desde una perspectiva latinoamericana, Borja-Ramos (2025) elabora un marco conceptual
integral sobre las capacidades profesionales necesarias para ejercer la docencia inclusiva,
distinguiendo tres esferas interdependientes: la dimensión cognitiva, asociada al conocimiento
profundo sobre diversidad humana, regulaciones normativas y paradigmas pedagógicos
inclusivos; la dimensión procedimental, vinculada a la aptitud para diseñar, ejecutar y valorar
estrategias didácticas contextualizadas; y la dimensión actitudinal, que engloba orientaciones
valorativas hacia la heterogeneidad y el compromiso ético con la justicia educativa. De acuerdo
con esta investigación, se revela que numerosos programas de preparación inicial del
profesorado en la región perpetúan diseños curriculares donde la inclusión se posiciona como
contenido marginal o temática especializada, en contraste con su necesaria articulación
transversal a través de todas las facetas de la formación profesional.
Por otra parte, la reconfiguración de las representaciones mentales del profesorado respecto a
la diversidad emerge como temática recurrente en los trabajos revisados. Distintas
investigaciones registran la permanencia de miradas centradas en el ficit, que localizan las
dificultades en el aprendizaje exclusivamente en atributos individuales del alumnado, sin
examinar cómo las propias estrategias pedagógicas y las condiciones organizacionales pueden
originar o intensificar inequidades. Al analizar específicamente el ejercicio docente en
educación superior, Valcazar-Montenegro (2020) identifica que la inclusión en este ámbito
confronta obstáculos particulares derivados de concepciones elitistas sobre la producción del
conocimiento académico y la tradición de autonomía universitaria. Conforme a esta
investigación, se sugiere que los programas de actualización profesional deben contemplar no
únicamente dimensiones técnicas, sino también las construcciones sociales y los esquemas
interpretativos que guían las decisiones pedagógicas diarias.
Asimismo, las habilidades para el ejercicio colaborativo y la co-docencia adquieren particular
relevancia en entornos inclusivos. Diversos trabajos subrayan que responder a la diversidad no
puede constituirse como responsabilidad exclusiva del trabajo aislado de cada profesor,
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necesitando estructuras organizacionales que habiliten la planeación conjunta, la enseñanza
cooperativa entre docentes regulares y especialistas, y la conformación de redes de soporte
entre colegas. En este contexto, Beltrán-Villamizar et al. (2015) documentan la experiencia
colombiana de construcción de una comunidad profesional de aprendizaje, demostrando cómo
los espacios de reflexión compartida sobre las prácticas posibilitan cuestionar rutinas
excluyentes y generar opciones pedagógicas que benefician al conjunto estudiantil.
De igual manera, la percepción de autoeficacia profesional se configura como variable
mediadora significativa entre las competencias técnicas adquiridas y su implementación
efectiva en situaciones reales. En tal sentido, Rebouças-Andrade et al. (2023) investigan las
creencias de autoeficacia en escenarios de educación inclusiva, identificando que el
profesorado con mayor confianza percibida en su capacidad para gestionar la heterogeneidad
aplica con mayor consistencia estrategias diferenciadas y sostiene expectativas más optimistas
sobre el potencial de aprendizaje de todo el estudiantado. Según estos resultados, las
estrategias de desarrollo profesional deben robustecer simultáneamente los saberes técnicos y
la confianza del profesorado en su capacidad para facilitar aprendizajes significativos en grupos
heterogéneos.
Paradigmas pedagógicos inclusivos
En correspondencia con lo anterior, el Diseño Universal para el Aprendizaje se establece en las
publicaciones examinadas como el paradigma pedagógico más citado y promovido para
orientar la planeación y la facilitación del aprendizaje en contextos caracterizados por la
diversidad. Este planteamiento propone la construcción de ecosistemas de aprendizaje flexibles
que, desde su concepción inicial, reconozcan la variabilidad estudiantil y proporcionen opciones
múltiples para acceder al conocimiento, expresar comprensiones y sostener la motivación.
Al respecto, Pastor (2019) desarrolla una conceptualización integral del DUA como modelo
teórico-práctico que sintetiza contribuciones de las neurociencias cognitivas con principios de
justicia curricular. El modelo se organiza alrededor de tres principios estructurales: proporcionar
múltiples formas de representación que permitan al estudiantado acceder a la información
mediante diversos canales perceptivos y formatos comunicativos; ofrecer múltiples formas de
acción y expresión que habiliten diferentes modalidades para demostrar los aprendizajes
construidos; y facilitar múltiples formas de implicación que conecten con los intereses,
experiencias previas y modalidades motivacionales del alumnado. Esta arquitectura tripartita
busca anticipar y prevenir obstáculos al aprendizaje, en lugar de responder de manera reactiva
ante dificultades individuales ya manifestadas.
Respecto a su aplicación práctica, distintas investigaciones registran experiencias de aplicación
del DUA en contextos educativos iberoamericanos, evidenciando tanto su potencial
transformador como los obstáculos que enfrenta su concreción. En este marco, Andrango-
Analuisa et al. (2025) examinan el DUA como orientación inclusiva, señalando que su
implementación demanda modificaciones sustanciales en la planificación curricular, los
recursos didácticos y las interacciones formativas. Conforme a sus observaciones, se identifica
que numerosas iniciativas de aplicación del DUA se circunscriben a incorporar algunos
recursos tecnológicos o materiales diversificados sin alterar significativamente las lógicas de
enseñanza, perpetuando estructuras rígidas que favorecen formas únicas de acceso y
expresión.
Por su parte, mediante un estudio de caso, Delgado-Valdivieso (2021) presenta la
implementación del DUA en un contexto particular, registrando cómo la aplicación de sus
principios posibilitó ampliar las oportunidades de participación del estudiantado con
necesidades educativas diversas. Según este trabajo, se enfatiza que el DUA no implica
individualizar la enseñanza para cada estudiante, sino diseñar propuestas suficientemente ricas
y flexibles que ofrezcan opciones dentro de un marco compartido. Esta distinción resulta
conceptualmente significativa, diferenciando el enfoque universal de perspectivas
individualizadoras que fragmentan la experiencia formativa.
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En esta línea, Montoya-Naguas et al. (2024) establecen conexiones entre el DUA y el
desarrollo de competencias contemporáneas, argumentando que ambas agendas se fortalecen
mutuamente. El diseño de ambientes formativos flexibles que promuevan autonomía,
colaboración y pensamiento crítico responde simultáneamente a los imperativos de inclusión y
a las exigencias de preparación para contextos sociales complejos. Esta confluencia sugiere
que la educación inclusiva no representa un objetivo sectorial, sino una dimensión constitutiva
de una educación de calidad que prepare para la participación ciudadana en sociedades
democráticas.
Profundizando en esta relación, Yépez-Bimboza et al. (2025) señalan que el enfoque promueve
el desarrollo de capacidades metacognitivas, autorregulatorias y sociales que resultan
transversales a diferentes dominios disciplinares. De acuerdo con esta investigación, se
identifica que la implementación del DUA confronta obstáculos relacionados con las culturas
evaluativas tradicionales, que privilegian la medición estandarizada de resultados homogéneos
en detrimento de la valoración de procesos y productos diversos.
Reflexionando sobre los fundamentos del DUA y sus implicaciones para la preparación
docente, Sánchez-Fuentes (2022) argumenta que el enfoque requiere transitar desde una
lógica de adaptación curricular posterior hacia una lógica de diseño anticipatorio. Conforme a
su análisis, este cambio paradigmático implica reconceptualizar la planificación didáctica como
proceso que considera la heterogeneidad como punto de partida y no como excepción que
demanda ajustes remediales. Según el autor, este giro conceptual desafía profundamente las
rutinas profesionales establecidas y requiere dispositivos sostenidos de acompañamiento
institucional.
Reformulación de las prácticas valorativas del aprendizaje
Transitando hacia otro aspecto fundamental, la evaluación constituye uno de los ámbitos donde
las tensiones entre discursos inclusivos y prácticas selectivas se manifiestan con mayor
intensidad. Las investigaciones revisadas convergen al señalar que los sistemas valorativos
tradicionales, orientados fundamentalmente hacia la clasificación y certificación, operan
frecuentemente como mecanismos de exclusión que estigmatizan trayectorias de aprendizaje
diversas.
En este contexto, López y Manghi (2021) interrogan la posibilidad de transformar las prácticas
evaluativas mediante el trabajo colaborativo entre docentes. Según su investigación, se
demuestra que los espacios de reflexión colectiva sobre los propósitos y modalidades de
evaluación permiten cuestionar prácticas arraigadas y construir alternativas más coherentes
con perspectivas inclusivas. De acuerdo con este trabajo, se registran experiencias donde
equipos docentes transitan desde evaluaciones exclusivamente sumativas y estandarizadas
hacia sistemas que integran múltiples fuentes de evidencia, reconocen diferentes formas de
demostrar comprensiones y priorizan la retroalimentación formativa.
Por otro lado, al desarrollar un análisis sobre la evaluación de prácticas inclusivas, Frutos et al.
(2023) señalan la paradoja de que numerosos sistemas de aseguramiento de calidad continúan
utilizando indicadores homogéneos que no capturan las dimensiones sustantivas de la
inclusión. Desde esta perspectiva, argumentan que la evaluación de instituciones inclusivas
requiere considerar aspectos cualitativos como la participación estudiantil en decisiones
pedagógicas, la existencia de múltiples as de progresión curricular y la percepcn de
pertenencia del estudiantado históricamente excluido. Esta perspectiva desafía las gicas
tecnocráticas que reducen la evaluación a la medición de variables fácilmente cuantificables.
Respecto a las alternativas evaluativas, la evaluación diferenciada surge como estrategia que
busca compatibilizar estándares compartidos con el reconocimiento de procesos de
aprendizaje diversos. No obstante, distintos trabajos advierten sobre los riesgos de que la
diferenciación devenga en fragmentación curricular que limite las expectativas sobre
determinado estudiantado. Desde esta óptica, se enfatiza que la evaluación diferenciada debe
entenderse como la oferta de múltiples oportunidades para demostrar aprendizajes
equivalentes, no como la reducción de exigencias para estudiantes categorizados como menos
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capaces. En relación con la participación estudiantil, las prácticas de co-evaluación y
autoevaluación se identifican como especialmente pertinentes en contextos inclusivos, pues
promueven la participación estudiantil en los procesos valorativos y fortalecen capacidades
metacognitivas. Diversos trabajos documentan que cuando el estudiantado participa en la
definición de criterios evaluativos y en la valoración de sus propios procesos, desarrolla mayor
conciencia sobre sus fortalezas y áreas de crecimiento, incrementando su agencia sobre el
aprendizaje.
Ecosistemas institucionales para la equidad
Complementariamente, la literatura revisada enfatiza que la inclusión no puede sostenerse
exclusivamente en las iniciativas del profesorado individual, requiriendo transformaciones en
las culturas organizacionales, las políticas institucionales y los sistemas de gestión escolar.
Al respecto, San Martín-Ulloa et al. (2020) examinan las barreras y facilitadores para la
educación inclusiva desde la perspectiva docente, identificando que las culturas institucionales
constituyen uno de los factores más influyentes. Conforme a sus observaciones, las
instituciones educativas con culturas colaborativas, donde se comparten responsabilidades y se
reconoce la diversidad como valor, implementan más consistentemente prácticas inclusivas. En
contraste, organizaciones con culturas individualistas y competitivas tienden a naturalizar la
exclusión como consecuencia inevitable de diferencias individuales en capacidades o
motivaciones.
En cuanto a las políticas institucionales, éstas emergen como mediadoras entre los discursos
sobre inclusión y las prácticas cotidianas al traducir los marcos normativos generales en
lineamientos específicos. En este sentido, León-Aroca et al. (2025) analizan desafíos y
soluciones para aulas diversas, señalando que las instituciones requieren desarrollar protocolos
definidos para la identificación temprana de barreras al aprendizaje, la movilización de apoyos
oportunos y la evaluación continua de la efectividad de las estrategias implementadas. Según
sus hallazgos, muchas instituciones carecen de sistemas de información que permitan
monitorear la participación y progreso de diferentes grupos estudiantiles, operando sobre
impresiones generales que invisibilizan desigualdades persistentes.
En el contexto universitario, Mieres et al. (2020) analizan la administración inclusiva,
argumentando que la gestión institucional debe incorporar criterios de equidad en todas sus
dimensiones: desde los procesos de admisión y matrícula hasta la organización de servicios de
apoyo, la accesibilidad de los espacios físicos y virtuales, y la flexibilización de trayectorias
curriculares. Conforme a esta investigación, se evidencia que muchas universidades
latinoamericanas mantienen estructuras burocráticas rígidas que dificultan el reconocimiento de
trayectorias no lineales y la implementación de ajustes razonables.
Desde una perspectiva integral, Villanueva-Candiotti et al. (2025) desarrollan un análisis
sistemático de estrategias pedagógicas para la inclusión, identificando que las instituciones
más exitosas en promover equidad combinan múltiples líneas de acción: actualización continua
del profesorado, trabajo con familias y comunidades, reorganización de tiempos y espacios
escolares, y participación estudiantil en la toma de decisiones pedagógicas. Esta perspectiva
multidimensional contrasta con enfoques reduccionistas que suponen que la inclusión se
resuelve mediante intervenciones técnicas puntuales.
Poblaciones específicas y sus necesidades particulares
Atendiendo a particularidades, si bien la educación inclusiva se fundamenta en principios
universales aplicables a toda la diversidad estudiantil, algunas investigaciones examinadas
abordan las necesidades particulares de poblaciones que han experimentado históricamente
mayores niveles de exclusión educativa.
En este marco, Montalvo et al. (2021) analizan específicamente la inclusión de estudiantes con
trastorno del espectro autista, señalando que este colectivo enfrenta barreras particulares
relacionadas con las demandas de interacción social, la inflexibilidad de rutinas escolares y la
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hipersensibilidad a estímulos sensoriales. Según esta investigación, se documentan estrategias
efectivas como la estructuración visual de actividades, la anticipación de transiciones y la
creación de espacios de regulación sensorial. No obstante, advierten que estas estrategias
deben integrarse en el funcionamiento general del aula y no constituir intervenciones aisladas
que estigmaticen a determinado estudiantado.
Por su parte, Aldana-Zavala et al. (2023) abordan la integración de población migrante en
sistemas educativos iberoamericanos, identificando desafíos específicos relacionados con
barreras idiomáticas, diferencias en currículos previos y experiencias de discriminación y
xenofobia. Conforme a esta investigación, se propone el desarrollo de currículos
problematizadores que reconozcan las experiencias migratorias como recursos pedagógicos
valiosos y no como déficits que deban compensarse. Esta perspectiva contrasta con enfoques
asimilacionistas que buscan que el estudiantado migrante se adapte pasivamente a las culturas
escolares locales.
Metodologías activas como mediadoras de la inclusión
En relación con las estrategias didácticas, múltiples investigaciones identifican las
metodologías activas y colaborativas como especialmente pertinentes para promover inclusión,
pues descentran la transmisión vertical de contenidos y crean oportunidades para diferentes
formas de participación y construcción de conocimientos. Al respecto, Muntaner-Guasp et al.
(2022) analizan metodologías activas para la implementación de educación inclusiva,
documentando experiencias de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo y
comunidades de indagación. Según esta investigación, se evidencia que estas metodologías
favorecen la participación de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, habilidades y
experiencias previas, pues ofrecen múltiples roles y formas de contribución. Conforme a sus
observaciones, la implementación efectiva de metodologías activas requiere transformar no
solamente las actividades de enseñanza, sino también la organización de espacios, la gestión
de tiempos y los sistemas de evaluación.
Complementando estas estrategias, las comunidades de aprendizaje emergen como una
configuración organizativa que potencia la inclusión mediante la participación de diversos
actores en la vida escolar. En este contexto, Beltrán-Villamizar et al. (2015) documentan la
creación de una comunidad de aprendizaje en Colombia, evidenciando cómo la apertura de las
escuelas a la participación de familias, voluntarios y organizaciones comunitarias enriquece las
experiencias educativas y fortalece el sentido de pertenencia estudiantil.
DISCUSIÓN
El análisis desarrollado evidencia que la planificación para la inclusión y equidad en
instituciones educativas requiere abordar simultánea y coherentemente múltiples dimensiones
que se influyen recíprocamente: las capacidades profesionales del cuerpo docente, los marcos
pedagógicos y didácticos que orientan la enseñanza, los sistemas de evaluación de
aprendizajes y prácticas institucionales, y las culturas organizacionales que legitiman
determinadas formas de diversidad mientras marginalizan otras.
Los resultados confirman que el desarrollo de competencias docentes específicas para la
educación inclusiva constituye un elemento indispensable para la transformación de las
prácticas pedagógicas. Sin embargo, múltiples estudios advierten que focalizar exclusivamente
en la capacitación individual de docentes resulta insuficiente si no se modifican las condiciones
institucionales y sistémicas que estructuran el trabajo pedagógico. Esta constatación coincide
con investigaciones internacionales que han documentado cómo docentes formados en
enfoques inclusivos terminan reproduciendo prácticas excluyentes cuando trabajan en
contextos con culturas institucionales tradicionales, recursos escasos y presiones por
resultados estandarizados.
La tensión entre formación inicial y desarrollo profesional continuo atraviesa las discusiones
sobre preparación docente para la inclusión. Si bien existe consenso sobre la necesidad de que
los programas de formación inicial integren transversalmente la educación inclusiva, la realidad
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es que la mayoría de los docentes actualmente en servicio se formaron en paradigmas que
concebían la diversidad como excepción. Esto demanda sistemas robustos de desarrollo
profesional que no se limiten a cursos puntuales sino que contemplen acompañamiento
sostenido, comunidades de práctica y oportunidades de reflexión colectiva sobre las tensiones
que emergen en la implementación cotidiana de enfoques inclusivos.
La dimensión actitudinal de las competencias docentes merece atención particular. Múltiples
estudios documentan que las concepciones sobre diversidad, capacidad de aprender y
propósitos de la educación que sostienen los docentes influyen significativamente en sus
decisiones pedagógicas, muchas veces de modo implícito. Las creencias arraigadas sobre la
distribución natural de capacidades cognitivas, sobre el rol selectivo de la escuela o sobre la
incompatibilidad entre calidad y equidad operan como barreras menos visibles pero no menos
efectivas que los obstáculos materiales. Transformar estas representaciones requiere procesos
formativos que interpelen los marcos interpretativos y promuevan la reflexividad sobre los
supuestos que orientan la práctica.
El DUA se ha consolidado en el discurso académico y en las políticas educativas como el
marco de referencia privilegiado para orientar la planificación inclusiva. Su fortaleza radica en
proponer un cambio de gica: en lugar de diseñar propuestas pedagógicas para un estudiante
promedio inexistente y luego realizar adaptaciones para quienes no se ajustan a ese patrón, el
DUA sugiere anticipar la variabilidad y diseñar desde el origen ambientes de aprendizaje
suficientemente flexibles para acoger diferentes formas de acceso, expresión y compromiso.
Sin embargo, la distancia entre los principios del DUA y su implementación efectiva resulta
considerable. Múltiples estudios documentan que muchas iniciativas que se presentan como
aplicaciones del DUA se limitan a incorporar algunos recursos tecnológicos o materiales
diversificados sin modificar sustancialmente las lógicas de enseñanza. Persisten estructuras
didácticas que privilegian un único medio de representación, una forma dominante de
expresión y un tipo particular de motivación, ofreciendo apenas adaptaciones marginales para
quienes no se ajustan al patrón esperado.
La implementación auténtica del DUA requiere transformaciones profundas en la planificación
curricular que van más allá de la diversificación de recursos. Implica reconceptualizar los
objetivos de aprendizaje distinguiendo entre medios y fines, de modo que la flexibilización se
aplique a los caminos para alcanzar metas comunes y no a la reducción de expectativas.
Requiere también modificar las estructuras de evaluación para que reconozcan múltiples
formas de demostrar comprensiones equivalentes, sin que esta multiplicidad devenga en
fragmentación de estándares.
Un aspecto poco explorado en las investigaciones analizadas refiere a las condiciones
materiales y organizativas que facilitan u obstaculizan la aplicación del DUA. Diseñar ambientes
de aprendizaje realmente flexibles demanda acceso a recursos diversos (materiales
manipulativos, tecnologías, espacios diferenciados), tiempos para planificación colaborativa y
estructuras que permitan formas de agrupamiento flexibles. En contextos de escasez material y
sobrecarga laboral docente, la exhortación a implementar el DUA sin provisión de condiciones
habilitantes puede resultar una demanda irrealista que genera frustración profesional.
Los resultados evidencian que la evaluación constituye uno de los ámbitos donde las
contradicciones entre discursos inclusivos y prácticas selectivas se manifiestan con mayor
intensidad. Mientras que las políticas y programas de estudio declaran compromisos con la
inclusión, los sistemas evaluativos mantienen frecuentemente lógicas estandarizadas que
privilegian formas únicas de demostrar aprendizajes y operan como mecanismos de
clasificación y exclusión.
Esta tensión no resulta casual sino que responde a las múltiples funciones que los sistemas
educativos asignan a la evaluación. Junto a propósitos formativos orientados a retroalimentar
aprendizajes, los sistemas evaluativos cumplen funciones de certificación, selección y rendición
de cuentas que frecuentemente entran en contradicción con perspectivas inclusivas. La presión
por resultados en evaluaciones estandarizadas nacionales o internacionales incentiva prácticas
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pedagógicas orientadas al entrenamiento en ítems específicos, en desmedro de propuestas
que promuevan aprendizajes significativos y atiendan trayectorias diversas.
La evaluación diferenciada emerge en el discurso pedagógico como una estrategia para
compatibilizar estándares comunes con reconocimiento de procesos diversos. Sin embargo, su
implementación enfrenta dilemas complejos. ¿Cómo garantizar que la diferenciación amplíe
oportunidades sin fragmentar el currículo ni reducir expectativas? ¿Cómo evitar que
determinados estudiantes queden permanentemente circunscritos a modalidades evaluativas
que los estigmatizan como menos capaces? Estas interrogantes exigen reflexión crítica sobre
los límites y posibilidades de la diferenciación dentro de sistemas que mantienen gicas
fundamentalmente clasificatorias.
Las formas de participación estudiantil en los procesos evaluativos constituyen un aspecto
relevante aunque insuficientemente explorado en las investigaciones analizadas. La co-
evaluación y autoevaluación no solamente distribuyen responsabilidades sino que transforman
cualitativamente la naturaleza de la evaluación, transitando desde un acto externo de
verificación hacia un proceso de construcción de conciencia sobre el propio aprendizaje. Esta
transformación resulta especialmente significativa en perspectivas inclusivas que conciben a
los estudiantes como agentes activos de sus trayectorias formativas y no como objetos pasivos
de intervenciones pedagógicas.
Los resultados subrayan que las transformaciones hacia mayor inclusión y equidad requieren
modificaciones en las culturas organizacionales que trascienden la implementación de
programas o protocolos específicos. Las culturas institucionales operan como gramáticas
implícitas que definen qué prácticas resultan legítimas, qué formas de diversidad se reconocen
como valiosas y qué desigualdades se naturalizan como inevitables.
La contraposición entre culturas colaborativas e individualistas emerge como especialmente
relevante. Instituciones donde predominan lógicas competitivas, donde el desempeño
estudiantil se atribuye exclusivamente al mérito individual y donde los docentes trabajan
aisladamente en sus aulas, tienden a reproducir exclusiones naturalizándolas como resultado
de diferencias en talentos o esfuerzos. Por el contrario, culturas que promueven
responsabilidad colectiva por los aprendizajes de todos los estudiantes, que reconocen
interdependencias y que valoran la colaboración, generan condiciones más favorables para
sostener prácticas inclusivas.
La transformación cultural no ocurre espontáneamente ni se decreta mediante documentos
programáticos. Requiere procesos sostenidos de reflexión colectiva sobre los supuestos que
orientan las prácticas, confrontación de evidencias sobre desigualdades sistemáticas que
afectan a determinados grupos, y construcción participativa de alternativas. Los liderazgos
directivos resultan determinantes en estos procesos, no como impulsores unilaterales del
cambio sino como facilitadores de espacios donde las comunidades educativas puedan
interrogar críticamente sus propias prácticas y generar compromisos compartidos.
Un aspecto crítico refiere a cómo las culturas institucionales procesan las diferencias. Muchas
instituciones adhieren retóricamente a la valoración de la diversidad pero mantienen prácticas
homogeneizadoras que toleran solamente variaciones menores dentro de un patrón normativo
dominante. La inclusión auténtica requiere transitar desde esta tolerancia condicionada hacia
formas de reconocimiento que conciban la heterogeneidad como constitutiva de la condición
humana y no como desviación de un ideal de normalidad.
Las políticas institucionales cumplen funciones de mediación entre los marcos normativos
generales sobre educación inclusiva y las prácticas pedagógicas situadas en contextos
específicos. Esta función de traducción resulta compleja pues implica interpretar principios
abstractos en función de diagnósticos institucionales concretos, culturas organizacionales
existentes y recursos efectivamente disponibles.
Los resultados evidencian que muchas instituciones desarrollan documentos de política
inclusiva (reglamentos de evaluación, planes de mejoramiento, protocolos de atención a la
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diversidad) que permanecen desconectados de las prácticas cotidianas. Esta brecha entre
políticas declaradas y prácticas efectivas responde a múltiples factores: falta de participación
de los actores en la construcción de las políticas, ausencia de condiciones materiales y
formativas para implementarlas, contradicciones con otras políticas institucionales o sistémicas,
y débiles sistemas de monitoreo que permitan detectar distancias entre lo declarado y lo
efectivamente realizado.
La construcción participativa de políticas institucionales emerge como un factor que incrementa
su legitimidad y efectividad. Cuando los documentos de política resultan de procesos
deliberativos que involucran a docentes, directivos, estudiantes, familias y otros actores,
tienden a reflejar mejor las realidades institucionales y generan mayores niveles de
apropiación. Por el contrario, políticas diseñadas por equipos técnicos sin consulta a quienes
deberán implementarlas frecuentemente permanecen como textos formales sin correlato en las
prácticas.
Un aspecto crítico que atraviesa transversalmente las discusiones sobre educación inclusiva
refiere a los desafíos de escalar experiencias exitosas desarrolladas en contextos específicos y
sostenerlas en el tiempo. La literatura analizada documenta numerosas iniciativas innovadoras
que logran transformaciones significativas en culturas y prácticas institucionales, pero también
evidencia dificultades para que estas experiencias se consoliden establemente y se expandan
a otros contextos.
La dependencia de liderazgos individuales constituye un factor de vulnerabilidad. Muchas
experiencias inclusivas se sostienen en el compromiso de directivos o docentes particulares,
enfrentando riesgos de discontinuidad cuando estas personas se retiran o trasladan. La
institucionalización de prácticas inclusivas requiere que trasciendan las iniciativas personales
para integrarse en las estructuras organizativas, los sistemas de gestión y las culturas
institucionales de modo que persistan más allá de las personas específicas que las impulsaron
originalmente.
Las condiciones sistémicas que exceden el ámbito institucional también condicionan
fuertemente las posibilidades de sostener prácticas inclusivas. Políticas de rendición de
cuentas centradas exclusivamente en resultados estandarizados, sistemas de financiamiento
que no consideran costos adicionales de la educación inclusiva, estructuras de carrera docente
que no reconocen ni incentivan el trabajo con poblaciones diversas, y culturas sociales que
legitiman desigualdades como naturales, operan como obstáculos estructurales que las
instituciones individuales difícilmente pueden superar por sí solas.
El análisis evidencia que bajo el paraguas de la educación inclusiva coexisten concepciones
diversas que tienen implicaciones prácticas significativamente diferentes. Algunas perspectivas
entienden la inclusión fundamentalmente como la incorporación de estudiantes con
discapacidad a escuelas regulares, manteniendo una visión centrada en poblaciones
específicas. Otras concepciones amplían el foco hacia todas las formas de diversidad (cultural,
lingüística, socioeconómica, de género), entendiendo la inclusión como la eliminación de
barreras que limitan la participación de cualquier estudiante.
Estas diferencias conceptuales no son meramente semánticas sino que orientan prácticas
distintas. Enfoques que circunscriben la inclusión a poblaciones específicas tienden a generar
sistemas paralelos de atención especializada que pueden derivar en nuevas formas de
segregación dentro de espacios comunes. Perspectivas que conciben la inclusión como
principio general orientan hacia transformaciones integrales de las prácticas pedagógicas que
beneficien al conjunto del alumnado.
La relación entre inclusión y calidad educativa constituye otro ámbito de tensión conceptual.
Persisten representaciones que las conciben como objetivos potencialmente contradictorios,
asumiendo que la incorporación de estudiantes diversos compromete la excelencia académica.
Estas perspectivas revelan supuestos elitistas que asocian calidad con selectividad y
homogeneidad, ignorando evidencias sobre cómo ambientes educativos inclusivos benefician a
todos los estudiantes al promover pensamiento crítico, empatía y capacidades colaborativas.
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Estrategias integrales de planificación inclusiva
La síntesis de los resultados y su discusión permite identificar componentes centrales que
debieran orientar las estrategias de planificación institucional para la inclusión y equidad:
Diagnósticos situacionales participativos: Las estrategias de planificación requieren partir
de diagnósticos rigurosos sobre las barreras específicas que enfrentan diferentes grupos
estudiantiles en contextos institucionales concretos. Estos diagnósticos no pueden limitarse a la
recopilación de datos estadísticos sobre características de la población sino que deben
incorporar las voces y perspectivas de los propios estudiantes, docentes, familias y
comunidades sobre los obstáculos que experimentan y las transformaciones que consideran
necesarias.
Articulación de múltiples dimensiones de intervención: La planificación inclusiva debe
contemplar simultáneamente el fortalecimiento de capacidades docentes, la transformación de
prácticas pedagógicas y evaluativas, la modificación de culturas organizacionales y la
reorganización de estructuras institucionales. Intervenciones que focalizan exclusivamente en
una dimensión (capacitación docente, por ejemplo) sin modificar condiciones organizativas y
culturales tienden a generar resultados limitados.
Construcción de comunidades de práctica profesional: Los espacios sistemáticos de
reflexión colectiva sobre prácticas pedagógicas constituyen dispositivos potentes para
transformar concepciones y rutinas arraigadas. Estos espacios deben trascender la mera
socialización de información para constituirse en ámbitos de indagación colaborativa sobre
problemas de práctica, análisis de evidencias sobre efectos de estrategias implementadas y
construcción compartida de alternativas.
Sistemas de monitoreo y evaluación pertinentes: La planificación inclusiva requiere
sistemas de seguimiento que permitan detectar oportunamente desigualdades persistentes y
ajustar estrategias. Estos sistemas deben considerar indicadores cualitativos de participación,
pertenencia y desarrollo integral, y no solamente medidas cuantitativas de rendimiento
académico estandarizado.
Gestión sostenible de recursos y apoyos: Las instituciones deben desarrollar capacidades
para identificar, movilizar y gestionar recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para sostener prácticas inclusivas. Esto incluye no solamente la provisión de recursos
adicionales sino también la reorganización de recursos existentes para que operen bajo lógicas
de apoyo universal y no exclusivamente de intervención especializada.
Articulación con entornos comunitarios y políticas sistémicas: Las instituciones educativas
no operan aisladamente sino insertas en contextos comunitarios y sistemas de políticas
públicas que condicionan sus posibilidades. La planificación inclusiva debe contemplar
estrategias de vinculación con familias, organizaciones comunitarias y actores del sistema
educativo para construir redes de apoyo y generar condiciones más favorables en niveles que
exceden lo estrictamente institucional.
CONCLUSION
El recorrido analítico desarrollado permite formular algunas conclusiones sobre las estrategias
de planificación para la inclusión y equidad en instituciones educativas, reconociendo tanto los
avances significativos cuanto los desafíos persistentes que enfrenta la materialización de estos
propósitos en el contexto iberoamericano.
En primer término, resulta evidente que la educación inclusiva se ha consolidado como
horizonte normativo que orienta discursos, políticas y programas en la región. Existe un
consenso creciente sobre la ilegitimidad ética y la ineficacia pedagógica de sistemas que
segregan o excluyen a determinados grupos estudiantiles. Sin embargo, la distancia entre este
consenso discursivo y las prácticas institucionales efectivas permanece considerable,
evidenciando que la inclusión no emerge naturalmente de la adhesión retórica a principios
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generales sino que requiere transformaciones profundas en múltiples dimensiones de la vida
escolar.
Las estrategias de planificación para la inclusión deben reconocer que se trata de un proceso
complejo, multidimensional y prolongado, que enfrenta resistencias arraigadas en culturas
institucionales, estructuras organizativas y representaciones sociales sobre diversidad,
capacidad y propósitos de la educación. No existen soluciones técnicas simples ni recetas
universalmente aplicables, sino principios orientadores que deben contextualizarse en función
de diagnósticos situacionales rigurosos y de la participación activa de las comunidades
educativas en la definición de prioridades y estrategias.
El desarrollo de competencias docentes emerge como componente indispensable pero no
suficiente. Los programas de formación inicial y desarrollo profesional continuo deben integrar
transversalmente perspectivas inclusivas, fortaleciendo no solamente conocimientos y
habilidades técnicas sino también disposiciones valorativas hacia la diversidad y capacidades
de reflexión crítica sobre las propias prácticas. Sin embargo, estas competencias individuales
no pueden desplegarse efectivamente en ausencia de condiciones institucionales favorables,
tiempos para planificación colaborativa y culturas organizacionales que reconozcan la atención
a la diversidad como responsabilidad colectiva.
El Diseño Universal para el Aprendizaje se perfila como el marco pedagógico más prometedor
para orientar la planificación y enseñanza inclusivas, al proponer anticipar la variabilidad
estudiantil y diseñar ambientes de aprendizaje inherentemente flexibles. No obstante, su
implementación auténtica requiere transformaciones sustanciales en lógicas de planificación
curricular, sistemas evaluativos y disposición de recursos que trascienden ampliamente la
incorporación de algunos materiales diversificados. Las instituciones deben desarrollar
capacidades para distinguir entre aplicaciones superficiales del DUA que mantienen estructuras
pedagógicas rígidas y transformaciones profundas que efectivamente amplíen oportunidades
de acceso, expresión y compromiso.
La evaluación constituye un nudo crítico donde se manifiestan con particular intensidad las
contradicciones entre discursos inclusivos y prácticas selectivas. La transformación de sistemas
evaluativos requiere resolver tensiones complejas entre funciones formativas y certificativas,
entre reconocimiento de procesos diversos y mantenimiento de estándares comunes, entre
diferenciación que amplía oportunidades y fragmentación que reduce expectativas. Las
estrategias de planificación deben abordar explícitamente estos dilemas, construyendo
consensos institucionales sobre propósitos y modalidades evaluativas coherentes con
perspectivas inclusivas.
Las culturas y políticas institucionales operan como infraestructuras que habilitan u
obstaculizan la implementación de prácticas inclusivas. La planificación no puede limitarse a
diseñar intervenciones cnicas puntuales sino que debe contemplar procesos sostenidos de
transformación cultural que modifiquen los supuestos, valores y lógicas de funcionamiento
organizacional. Esto requiere liderazgos que faciliten espacios de reflexión colectiva,
construcción participativa de acuerdos y generación de condiciones materiales y simbólicas
para sostener el cambio.
Un aspecto insuficientemente abordado en la literatura analizada refiere a las dimensiones
políticas y económicas de la educación inclusiva. La inclusión no constituye solamente un
desafío pedagógico sino también una cuestión de justicia distributiva que interpela los modos
como las sociedades asignan recursos, distribuyen oportunidades y reconocen derechos. Las
instituciones educativas individuales difícilmente pueden compensar desigualdades
estructurales arraigadas en sistemas socioeconómicos inequitativos. La planificación
institucional debe articularse necesariamente con políticas públicas más amplias que
garanticen financiamiento adecuado, condiciones laborales docentes que permitan atención de
calidad a la diversidad, y entornos sociales que valoren la inclusión como componente de
sociedades democráticas.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A los docentes que procuran mejorar continuamente el proceso de aprendizaje y evaluación.
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