Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 5(especial multidisciplinar), 63-72, 2025
https://doi.org/10.62574/rmpi.v5imultidisciplinar.446
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Responsabilidad penal por mala práctica médica en Ecuador: Enfoque
jurídico de prueba y evidencia
Criminal liability for medical malpractice in Ecuador: A legal approach to
evidence and proof
Israel Willka Anrango-Morales
israel.anrango.28@est.ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Azuay, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-9393-2797
Jaime Arturo Moreno-Martínez
jaime.moreno@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Azuay, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8836-3524
RESUMEN
La investigación se enfoca en el análisis de una de las novedades introducidas por la vigencia del Código
Orgánico Integral Penal, la cual ha generado un amplio debate social: del tipo penal de homicidio culposo
por mala práctica profesional dentro del catálogo de delitos. La comprensión de esta conducta, entendida
como la transgresión al deber objetivo de cuidado, representa un desafío complejo. Por ello se abordaron,
de manera profunda, las categorías dogmáticas del delito, consolidado en la jurisprudencia nacional. Desde
una perspectiva eminentemente procesal, lo expuesto previamente hacia la demostración probatoria, no en
términos abstractos, sino mediante el análisis de un caso concreto. Esta sección incluyó, el estudio de los
medios de prueba aplicables; A la evaluación de la apreciación judicial en las distintas instancias; y, por
último, la valoración jurídica respecto a la procedencia de la aplicación por jueces, abogados y fiscales, el
Artículo 146 del COIP.
Descriptores: ética médica; deontología; bioética. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The research focuses on the analysis of one of the new features introduced by the Comprehensive Organic
Criminal Code, which has generated widespread social debate: the criminal offence of manslaughter due to
professional malpractice within the catalogue of crimes. Understanding this conduct, understood as a breach
of the objective duty of care, represents a complex challenge. For this reason, the dogmatic categories of
the crime, consolidated in national case law, were addressed in depth. From an eminently procedural
perspective, the above was presented in terms of evidence, not in abstract terms, but through the analysis
of a specific case. This section included the study of the applicable means of evidence; the evaluation of
judicial assessment in the different instances; and, finally, the legal assessment of the appropriateness of
the application by judges, lawyers and prosecutors of Article 146 of the COIP.
Descriptors: medical ethics; deontology; bioethics. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 27/10/2025. Revisado: 15/11/2025. Aprobado: 23/11/2025. Publicado: 26/11/2025.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
La responsabilidad penal por mala práctica médica constituye un ámbito de creciente relevancia
en el sistema jurídico ecuatoriano, al intersectar dos bienes jurídicos fundamentales: el derecho
a la salud de los pacientes y la seguridad jurídica del ejercicio profesional médico. Esta dualidad
plantea desafíos significativos para la administración de justicia, que debe garantizar tanto la
protección efectiva de las víctimas como la defensa de profesionales de la salud que enfrentan
acusaciones derivadas de resultados adversos inherentes a la práctica médica.
La Constitución de la República del Ecuador (2008) consagra la salud como un derecho
fundamental cuya realización "se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el buen vivir" (art. 32). Este reconocimiento constitucional establece
la obligación estatal de proteger a los pacientes frente a daños causados por negligencia,
imprudencia o impericia en la prestación de servicios de salud. Complementariamente, el Código
Orgánico Integral Penal (2014) tipifica en su artículo 146 el delito de homicidio culposo por mala
práctica profesional, sancionando a "la persona que, al infringir un deber objetivo de cuidado, en
el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra" con pena privativa de libertad
de uno a tres años (p. 51). Asimismo, la Ley Orgánica de Salud (2015) establece obligaciones
específicas para los profesionales sanitarios, incluyendo la atención conforme a protocolos
clínicos, el consentimiento informado y la elaboración adecuada de la historia clínica.
No obstante, la configuración de la responsabilidad penal médica exige la concurrencia de
elementos específicos que trascienden la mera existencia de un resultado lesivo. La infracción
al deber objetivo de cuidado constituye el pilar fundamental de la responsabilidad culposa,
requiriendo la demostración de inobservancia de leyes, reglamentos, protocolos técnicos o la lex
artis, así como la existencia de un nexo causal directo entre dicha infracción y el daño producido.
Este marco normativo busca delimitar con precisión la responsabilidad penal de aquellos
escenarios que constituyen riesgos inherentes al acto médico o complicaciones derivadas de la
propia naturaleza de la intervención sanitaria, evitando así la criminalización injustificada de la
práctica profesional.
En este contexto, la prueba pericial médica adquiere una importancia cardinal en los procesos
judiciales por mala práctica profesional. Como señala Carrera (2023), la convergencia entre la
historia clínica y el dictamen pericial resulta crucial para establecer la verdad procesal que
sustente o desvirtúe la imputación penal. La historia clínica documenta el desarrollo de la
intervención médica desde su inicio, mientras que la pericia aporta conclusiones especializadas
que facilitan la comprensión judicial de aspectos técnicos complejos. Sin embargo, la
jurisprudencia ecuatoriana ha evidenciado deficiencias sistemáticas en la calidad y valoración de
estos elementos probatorios. La Corte Nacional de Justicia (2013), en sentencia No. 0324-2013,
advirtió que la ausencia de registros clínicos completos obstaculiza la sanción efectiva de
conductas negligentes y erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. De manera
similar, la Corte Nacional del Ecuador (2014) ha identificado inconsistencias en la cadena
probatoria y motivaciones judiciales insuficientes que comprometen la seguridad jurídica en estos
procesos.
Las deficiencias probatorias detectadas generan consecuencias adversas para todos los actores
involucrados: impunidad en casos de negligencia grave, costos procesales elevados,
criminalización injusta de profesionales competentes y, en última instancia, desconfianza
generalizada en el sistema de salud y en la administración de justicia. Esta problemática exige
un análisis riguroso del proceso probatorio en casos de responsabilidad penal médica,
particularmente respecto a la valoración judicial de elementos técnicos especializados por parte
de operadores jurídicos que carecen de formación médica.
En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo analizar y evaluar críticamente la
aplicación y valoración de la prueba pericial médica en los procesos judiciales de responsabilidad
penal por mala práctica médica en Ecuador, con el fin de determinar su eficacia para establecer
la existencia de la infracción al deber objetivo de cuidado y el nexo causal entre la acción u
omisión del profesional de la salud y el resultado lesivo. A través del análisis de jurisprudencia y
normativa vigente, se busca identificar los parámetros que deben orientar la evaluación judicial
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en estos casos, considerando la aplicación del principio de presunción de inocencia y
reconociendo la ausencia de intencionalidad que caracteriza las acciones médicas culposas,
diferenciándolas de conductas dolosas que ameritan sanción penal.
MÉTODO
El estudio adoptó un enfoque cualitativo de carácter dogmático-procesal que permitió explorar y
comprender la complejidad del fenómeno jurídico de la responsabilidad penal por mala práctica
médica en Ecuador, particularmente en lo concerniente a la aplicación y valoración de la prueba
pericial en estos procesos. Esta aproximación metodológica resultó idónea para analizar la
intersección entre el derecho penal, la medicina forense y la teoría de la prueba, integrando
conocimientos médicos, legales, administrativos y éticos para examinar críticamente el ejercicio
profesional médico y su tratamiento jurídico (Soria, 2015).
Diseño de la Investigación
Se empleó un diseño de investigación documental-jurídica que combinó el análisis normativo,
jurisprudencial y doctrinal. Este diseño permitió examinar de manera sistemática y rigurosa las
fuentes primarias del derecho ecuatoriano, así como la producción académica especializada en
responsabilidad penal médica. El carácter documental de la investigación se fundamentó en la
necesidad de comprender tanto la estructura dogmática del tipo penal del artículo 146 del Código
Orgánico Integral Penal (2014) como su aplicación práctica en el sistema de justicia penal.
Métodos Aplicados
Se implementaron tres métodos complementarios que posibilitaron un análisis integral del objeto
de estudio:
Método analítico-sintético. Se utilizó para descomponer el tipo penal de homicidio culposo por
mala práctica profesional en sus elementos constitutivos fundamentales: la infracción al deber
objetivo de cuidado, el nexo causal, la imputación objetiva y la culpabilidad. Posteriormente, se
sintetizaron estos elementos para comprender la estructura completa del delito y sus
implicaciones probatorias. Este método resultó esencial para clarificar categorías dogmáticas
aún poco desarrolladas en la jurisprudencia nacional, examinando los criterios del deber de
cuidado desde la perspectiva del funcionalismo penal de Claus Roxin.
Método hermenéutico-jurídico. Se aplicó para interpretar las disposiciones normativas
contenidas en la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Código Orgánico Integral
Penal (2014) y la Ley Orgánica de Salud (2015), así como los reglamentos emitidos por el
Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este método permitió
establecer el alcance y los límites de la responsabilidad penal médica, identificando los
estándares de cuidado exigibles y las garantías procesales aplicables.
Método jurisprudencial comparativo. Se empleó para analizar la evolución y las tendencias
en la valoración judicial de la prueba pericial médica a través del examen sistemático de
sentencias relevantes emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Nacional de
Justicia. Este método posibilitó identificar criterios interpretativos, estándares probatorios,
inconsistencias en la aplicación normativa y buenas prácticas judiciales en casos de mala
práctica profesional.
Técnicas de Recolección y Análisis de Datos
Análisis de contenido normativo. Se realizó un estudio exhaustivo de los textos legales
pertinentes, identificando las disposiciones sustantivas y procesales aplicables a la
responsabilidad penal por mala práctica médica. Se examinaron particularmente los artículos 32,
76 y 82 de la Constitución (2008), los artículos 146 y 148 del COIP (2014), y los artículos 135,
220 y siguientes de la Ley Orgánica de Salud (2015). Este análisis permitió establecer el marco
jurídico que regula tanto los derechos de los pacientes como las garantías procesales de los
profesionales de la salud.
Análisis jurisprudencial. Se examinaron sentencias paradigmáticas que abordaron aspectos
cruciales de la prueba pericial médica y la responsabilidad penal profesional. El corpus analizado
incluyó la Sentencia No. 018-18-SIN-CC (Corte Constitucional del Ecuador, 2018), que anuló
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parcialmente una condena por vulneración del derecho a la defensa y contradicción de la prueba
pericial; la Sentencia No. 088-16-SEP-CC (Corte Constitucional del Ecuador, 2016), que
estableció criterios de atenuación de responsabilidad por fallas institucionales; la Sentencia No.
904-12-JP/19 (Corte Constitucional del Ecuador, 2019), que fijó estándares mínimos para
peritajes en casos de omisión de protocolos de seguridad; la Sentencia No. 2951-17-EP/21
(Corte Constitucional del Ecuador, 2021), que analizó la vulneración del derecho a la salud y al
consentimiento informado en atención deficiente durante el parto; y la Sentencia No. 3095-21-
EP (Corte Constitucional del Ecuador, 2022), que estableció los límites de las sanciones
accesorias en casos de homicidio culposo por mala práctica profesional. Adicionalmente, se
analizó la Sentencia No. 0324-2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Corte Nacional
de Justicia, 2013), que enfatizó la importancia de registros clínicos completos y pruebas técnicas
suficientes para establecer responsabilidad.
Revisión bibliográfica especializada. Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de literatura
académica en bases de datos jurídicas y repositorios institucionales, seleccionando artículos
científicos, tesis doctorales, monografías y textos especializados que abordaran la
responsabilidad penal médica, la prueba pericial forense y la teoría de la imputación objetiva. Se
priorizaron fuentes que integraran perspectivas interdisciplinarias entre derecho penal, medicina
legal y bioética, siguiendo las recomendaciones de autores como Rivera (1998), Soria (2015),
Lorenzo y Parra (2020), Ruiz y Rodríguez (2023), y González et al. (2021).
Criterios de Selección de Fuentes
Para garantizar la calidad y pertinencia de la información analizada, se establecieron criterios
específicos de inclusión y exclusión de fuentes:
Criterios de inclusión: (a) normativa vigente en Ecuador sobre responsabilidad penal y ejercicio
profesional de la salud; (b) jurisprudencia vinculante y relevante de la Corte Constitucional y Corte
Nacional de Justicia emitida entre 2013 y 2024; (c) doctrina jurídica especializada en derecho
penal médico, teoría de la prueba y medicina forense; (d) publicaciones académicas arbitradas
que abordaran la intersección entre responsabilidad penal y práctica médica en contextos
latinoamericanos; (e) protocolos y estándares técnicos emitidos por autoridades sanitarias
ecuatorianas.
Criterios de exclusión: (a) fuentes sin respaldo académico o institucional verificable; (b)
opiniones periodísticas sin fundamentación técnica; (c) normativa derogada no pertinente para
el análisis histórico-evolutivo; (d) jurisprudencia de instancias inferiores sin valor precedencial
significativo.
Procedimiento de Análisis
El proceso de análisis se estructuró en cuatro fases secuenciales e interdependientes:
Fase 1: Análisis dogmático. Se examinó la estructura típica del delito de homicidio culposo por
mala práctica profesional, identificando sus elementos constitutivos: (a) identificación de la norma
de cuidado mediante determinación de la lex artis ad hoc aplicable al caso concreto; (b) infracción
del deber de cuidado a través de negligencia, imprudencia o impericia; (c) nexo causal entre la
infracción y el resultado lesivo; (d) imputación objetiva del resultado conforme a criterios de
previsibilidad y evitabilidad. Este análisis permitió consolidar una interpretación coherente y
garantista del artículo 146 del COIP (2014), considerando tanto la formación profesional del
agente como las competencias especializadas que incrementan el estándar de cuidado exigible.
Fase 2: Análisis probatorio. Se evaluó la idoneidad, pertinencia y valoración de los medios de
prueba aplicables en procesos penales por mala práctica médica, con énfasis particular en la
prueba pericial médico-legal. Se examinó la calidad técnica de los informes periciales, los
estándares de fundamentación científica, la independencia e imparcialidad de los peritos, y la
completitud de las historias clínicas como documento probatorio esencial. Esta fase permitió
identificar deficiencias recurrentes en la cadena probatoria y en la motivación judicial de las
decisiones.
Fase 3: Análisis jurisprudencial. Se identificaron patrones de valoración judicial en las
diferentes instancias (primera instancia, apelación y casación), determinando los criterios
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aplicados para establecer la infracción al deber objetivo de cuidado y el nexo causal. Se
analizaron tanto casos en los que la valoración probatoria condujo a sentencias condenatorias
como aquellos en los que resultó en absoluciones, identificando los elementos determinantes en
cada decisión judicial. Este análisis reveló tendencias hacia la "responsabilidad objetiva por el
resultado" en algunos casos, así como aplicaciones garantistas del principio de presunción de
inocencia en otros.
Fase 4: Síntesis integradora. Se consolidaron los hallazgos de las fases anteriores para
formular conclusiones sobre la eficacia del sistema probatorio en casos de responsabilidad penal
médica y para proponer lineamientos metodológicos que orienten tanto la producción de peritajes
médico-forenses como su valoración judicial. Esta fase incluyó la elaboración de
recomendaciones dirigidas a operadores de justicia, profesionales de la salud y legisladores.
Consideraciones éticas y limitaciones
La investigación se desarrolló con estricto apego a principios de objetividad científica y rigor
metodológico. Se garantizó la confidencialidad de la información sensible contenida en las
sentencias analizadas, utilizando únicamente datos de acceso público y omitiendo identificación
de personas involucradas cuando correspondió.
Entre las limitaciones del estudio se identificaron: (a) la ausencia de estadísticas oficiales
consolidadas sobre procesos penales por mala práctica médica en Ecuador, lo que limitó el
análisis cuantitativo del fenómeno; (b) la variabilidad en la calidad y profundidad de la motivación
judicial en las sentencias examinadas; (c) el acceso restringido a expedientes completos que
hubieran permitido análisis más detallados de la prueba actuada. No obstante estas limitaciones,
el corpus documental y jurisprudencial analizado resultó suficiente para alcanzar los objetivos
planteados y formular conclusiones fundamentadas sobre la problemática estudiada.
Esta metodología permitió abordar la complejidad del delito de homicidio culposo por mala
práctica profesional desde una perspectiva integral, armonizando el rigor dogmático-penal con la
realidad procesal, y contribuyendo al entendimiento de jueces, abogados, fiscales y profesionales
de la salud sobre los errores médicos significativos y su relevancia forense (Sánchez, 2014; SR
Radio, 2014).
RESULTADOS
El elemento esencial en el desarrollo de investigaciones, representando un desafío significativo
para muchos investigadores. Según (Rivera, 1998), este marco se define como la organización
lógica y secuencial de teorías y conceptos extraídos de fuentes bibliográficas confiables, que
fundamentan el planteamiento del problema y proponen soluciones. Aunque puede ser difícil
identificar las corrientes teóricas en las etapas iniciales de la investigación, debido a la falta de
información o experiencia del investigador, el marco teórico es crucial para explicar las variables
del estudio. Además, se asocia con el estado del arte, que busca construir antecedentes y
proporcionar un conocimiento crítico del tema. Sin embargo, mientras que el marco teórico se
enfoca en establecer modelos explicativos para el análisis del objeto de estudio, el estado del
arte tiene un enfoque más profundo, permitiendo descubrir nuevo conocimiento y compilar lo que
se ha escrito hasta el momento sobre el tema.
El aporte de este estudio radica en la integración del derecho penal, la medicina forense y la
teoría de la prueba, para de esta forma utilizar los conocimientos médicos, legales,
administrativos, éticos y de ciencias relacionadas, para la implementación, el desarrollo y el
mejoramiento del ejercicio profesional médico y del derecho (Soria, 2015). A nivel metodológico,
se propone elaborar protocolos orientadores para peritajes médicos, que incluyan hipótesis
alternativas, cronogramas clínicos y motivación técnica. Jurisprudencias como la de la Corte
Nacional, muestran cómo la valoración de peritajes influye en condenas o absoluciones, según
su nivel de detalle y coherencia.
Estos estándares son coherentes con lo expresado en la Sentencia No. 0324-2013 de la (Corte
Nacional de Justicia, 2013), se enfatizó la importancia de pruebas técnicas completas para
responsabilizar a médicos y hospitales. En resumen, ambos son fundamentales en la
investigación, pero cumplen funciones distintas en la construcción del conocimiento.
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En el sistema penal, lo cual lo diferencia radicalmente del delito doloso, ya que no sanciona la
intención, sino la falta de cumplimiento del deber objetivo de cuidado. Esta autonomía cumple
una función protectora fundamental: garantizar que los bienes jurídicos, especialmente la vida,
la salud y la integridad, no se vean afectados por conductas por la mala práctica médica, aunque
no tengan intención de dañar, generan consecuencias graves y evitables. Al castigar la infracción
al deber objetivo de cuidado, el derecho penal establece un estándar de responsabilidad que
asegura la confianza de la sociedad en que los profesionales y ciudadanos, en general, actúen
conforme a normas de seguridad y prudencia, reforzando la prevención de riesgos que
amenacen derechos fundamentales.
La violación de estos estándares configura el delito de homicidio o lesiones culposos, según lo
previsto en la legislación ecuatoriana. Sin embargo, existen limitaciones normativas, como la
exclusión de la posibilidad de sancionar delitos de homicidio culposo por mala práctica
profesional, lo que muestra vacíos en la protección integral de los bienes jurídicos vinculados a
la maternidad. Además, la dificultad en diferenciar entre los criterios agravantes del homicidio
culposo simple y el homicidio culposo por mala práctica profesional refleja una necesidad de
mayor claridad legislativa, pues la superposición de elementos puede generar inseguridad tanto
en la aplicación judicial como en la práctica médica.
Si bien el tipo penal del homicidio culposo por mala práctica profesional se construye en torno a
un estándar objetivo, la culpabilidad introduce un análisis subjetivo que considera las habilidades,
conocimientos y formación individual del autor. Esto es especialmente significativo en la
medicina, donde la capacitación avanzada o especializada puede aumentar el nivel de exigencia
respecto de la conducta esperada. En la práctica, esto implica que la responsabilidad penal no
solo se evalúa frente a un “médico promedio”, sino también en función de las competencias
reales del profesional involucrado. El castigo de la mala práctica médica en Ecuador encuentra
así su justificación en la protección de derechos fundamentales como la vida, la salud y la
integridad personal, reafirmando el carácter garantista del derecho penal frente a los riesgos
derivados de actividades que, por su naturaleza, tienen un alto impacto social.
Específicamente en el campo de la medicina, una capacitación avanzada o una especialidad
elevan el estándar del deber de cuidado que se espera. Por lo tanto, el fiscal y el juez deben
evaluar el accionar del profesional no solo por si cumplió con el estándar básico de la profesión,
sino por si utilizó las competencias reales y superiores que su especialización le exigía en ese
caso concreto. La prueba y la evidencia deben, entonces, demostrar la conexión entre la falta
a ese deber de cuidado cualificado y el resultado lesivo, ajustando la imputación al nivel de
pericia real del agente.
Casos que muestran los aciertos y fallas
La (Corte Constitucional del Ecuador, 2018), en la Sentencia No. 018-18-SIN-CC, Caso No.
0011-14-IN, anuló parcialmente una sentencia por la mala práctica médica al comprobar que no
se había garantizado el derecho a la defensa ni a la contradicción de la prueba pericial,
ordenando la repetición del juicio con observancia de garantías.
La (Corte Constitucional del Ecuador, 2016), en la Sentencia No. 088-16-SEP-CC Caso No.
0471-12-EP, revisó un caso de cirugía de columna, donde concluyó que la responsabilidad debía
atenuarse al existir también fallas institucionales.
La (Corte Constitucional del Ecuador, 2019), dentro de la Sentencia No. 904-12-JP/19 Caso
No.904-12-JP, hace referencia a una mujer embarazada por omitir los protocolos de las reglas
básicas de seguridad, estableciendo estándares mínimos para peritajes administrativos
aplicables también a procesos penales.
La (Corte Constitucional del Ecuador, 2021), dentro de la Sentencia No. 2951-17-EP/21 Caso
Nro. 2951-17-EP/21, en la cual se analizó una acción de protección frente a la vulneración del
derecho a la salud y servicios públicos, el consentimiento informado, por cuanto existe una
atención medica deficiente en un parto que pone en peligro y dificultades a un bebe y el
desconsuelo en los progenitores.
DISCUSIÓN
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En el ámbito del derecho penal ecuatoriano, el concepto de "delito imprudente" se refiere a
aquellos actos en los cuales el autor, al infringir un deber objetivo de cuidado, causa un resultado
dañoso sin intención, pero por una mala práctica médica. Esta categoría es fundamental para
diferenciarla de la culpabilidad, que implica una intención o dolo en la conducta del autor,
(Lorenzo & Parra, 2020). El artículo 146 del COIP (2014), tipifica el homicidio culposo por mala
práctica profesional, estableciendo penas que varían de uno a tres años de prisión para quienes,
en el ejercicio de su profesión, causen la muerte de otra persona por la mala práctica médica o
inobservancia de los reglamentos establecidos.
La jurisprudencia ecuatoriana ha abordado este tema en diversas ocasiones, destacando la
importancia de evaluar la conducta del profesional de la salud en función de su formación,
experiencia y los estándares establecidos en su campo. Por ejemplo, en el caso No. 3095-21-
EP, la (Corte Constitucional del Ecuador, 2022), señaló que la sanción de inhabilitación del
ejercicio profesional no está contemplada en el artículo 146 del COIP (2014), por lo que su
imposición vulnera el derecho a la seguridad jurídica del profesional sancionado.
La discusión sobre las capacidades superiores en el ejercicio de la medicina plantea la cuestión
de si un profesional altamente capacitado tiene la obligación de actuar conforme a sus
conocimientos y habilidades extraordinarias, o si únicamente se le puede exigir que actúe
conforme a los estándares del "médico promedio". Este debate es crucial, ya que la falta de
aplicación de conocimientos avanzados puede resultar en consecuencias graves para el
paciente.
En este contexto, la jurisprudencia ecuatoriana ha establecido que el deber objetivo de cuidado
debe evaluarse considerando el grado de formación profesional del individuo, la previsibilidad y
evitabilidad del resultado dañoso, y las condiciones objetivas del caso. El artículo 146 del COIP
(2014), establece que la infracción al deber objetivo de cuidado se configura cuando el
profesional, en el ejercicio de su actividad, causa la muerte de una persona debido a la mala
práctica médica, impericia o inobservancia de los reglamentos establecidos (Lorenzo & Parra,
2020).
El artículo 146 del COIP (2014), establece como criterios para la determinación del deber objetivo
de cuidado el grado de formación profesional, previsibilidad, evitabilidad y condiciones objetivas.
Estos elementos proporcionan un marco normativo claro para evaluar la conducta del profesional
de la salud en casos de posible mala práctica médica. La jurisprudencia ha reforzado esta
interpretación, indicando que la responsabilidad penal del médico se configura cuando se
demuestra que, en el ejercicio de su actividad, ha infringido el deber objetivo de cuidado,
causando un resultado dañoso previsible y evitable (Lorenzo & Parra, 2020).
Es necesario que el legislador ecuatoriano lleve a cabo una revisión integral del artículo 146 del
COIP (2014), con el fin de delimitar de manera más clara la diferencia entre el homicidio culposo
simple y el homicidio culposo. Homicidio culposo es la muerte causada por negligencia,
imprudencia, impericia o falta de diligencia, sin intención de matar, pero con un grado de culpa
señalado por el Código. Homicidio culposo simple suele referirse a una modalidad menos grave
de homicidio culposo, donde las circunstancias del hecho involucran menor grado de negligencia
o falta de cuidado, y por ello también conlleva una sanción menos severa, con esto podemos
referir al Artículo 146 del COIP (2014), Homicidio culposo por mala práctica profesional.- “La
persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión,
ocasione la muerte de otra (…)”, ya que la actual superposición de criterios genera inseguridad
jurídica y dificulta la aplicación coherente de sanciones. Además, resulta pertinente incorporar
disposiciones específicas que regulen los casos de lesiones culposas al feto o situaciones
vinculadas a la maternidad, puesto que la ausencia de regulación deja sin protección ciertos
bienes jurídicos de especial relevancia. Asimismo, la normativa debería contemplar una
graduación más detallada de las sanciones, en la que se consideren tanto la gravedad del
incumplimiento del deber objetivo de cuidado como las consecuencias del daño y el grado de
imprudencia del profesional, fortaleciendo así la proporcionalidad de la respuesta penal.
En el ámbito judicial, los jueces y tribunales deberían reforzar la aplicación del principio de
proporcionalidad al valorar la responsabilidad penal de los profesionales médicos, evitando
sanciones desmedidas que criminalicen errores inevitables o que no superen el riesgo permitido.
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Para lograr mayor seguridad jurídica, es fundamental promover la creación y aplicación de
protocolos de peritaje médico-forense estandarizados, los cuales garanticen objetividad,
uniformidad y eviten fallos contradictorios en casos similares. De igual forma, se recomienda que
la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia continúen generando jurisprudencia
vinculante que clarifique el alcance del deber objetivo de cuidado en el ámbito médico, integrando
los estándares internacionales de derechos humanos con la normativa interna y fortaleciendo el
marco interpretativo que guía a los operadores de justicia.
En el ámbito académico y profesional, resulta indispensable que universidades y colegios de
médicos fortalezcan la formación en responsabilidad penal médica para que los futuros
profesionales comprendan las implicaciones jurídicas de su práctica y actúen con mayor
prudencia. Se sugiere la implementación de programas de capacitación continua y obligatoria en
bioética, seguridad del paciente y prevención de riesgos médicos, con el propósito de reducir la
incidencia de la mala práctica médica, por cuanto pueden existir diferentes afectaciones que
conciernen las cualidades motoras y el daño moral de las personas, para así reforzar la confianza
social en el sistema de salud. (González et al., 2021)
Paralelamente, es recomendable fomentar la investigación interdisciplinaria entre derecho,
medicina y bioética, generando propuestas normativas y doctrinarias que fortalezcan la
regulación penal en materia de mala práctica Médica. Finalmente, la creación de observatorios
especializados en la mala práctica médica permitiría recopilar datos, analizar tendencias,
estudiar casos emblemáticos y formular recomendaciones periódicas al legislador y a los
tribunales, ofreciendo una herramienta objetiva para la mejora constante del sistema de justicia
penal en este campo.
CONCLUSIÓN
La investigación se concibe como un análisis dogmático-procesal del delito de homicidio culposo
por mala práctica profesional, una figura legal que, desde su introducción con el Código Orgánico
Integral Penal, ha polarizado el debate social entre la necesidad de proteger el derecho a la vida
y la salud, y la preocupación por la criminalización excesiva del ejercicio médico.
El núcleo del estudio radica en la comprensión del tipo objetivo de esta conducta punible. El
desafío dogmático central es definir la transgresión al deber objetivo de cuidado, que es la
esencia de la culpa. Esta transgresión requiere:
Identificación de la Norma de Cuidado: Determinar cuál era la lex artis ad hoc (regla técnica de
la profesión aplicable al caso concreto) que el profesional de la salud debió observar.
Infracción del Deber de Cuidado: Probar que el profesional actuó con negligencia, imprudencia
o impericia, apartándose de esa lex artis.
Nexo Causal: Establecer que la infracción a ese deber objetivo de cuidado fue la causa directa
del resultado (la muerte del paciente). La investigación aborda estas categorías dogmáticas,
utilizando la jurisprudencia nacional como eje para consolidar una interpretación coherente y
garantista del Artículo 146 del COIP.
La segunda parte de la investigación traslada el rigor dogmático al campo práctico, centrándose
en el proceso penal y la demostración probatoria. Este análisis no es abstracto, sino que se
desarrolla mediante el estudio de un caso concreto, lo que permite una aplicación práctica de la
teoría:
Medios de Prueba Aplicables: Se examina la idoneidad y la necesidad de los distintos medios
probatorios, destacando el rol crucial de la prueba pericial médica legal. La eficacia de la
investigación penal depende de la calidad, imparcialidad y pertinencia del informe pericial.
Apreciación Judicial: Se evalúa cómo los jueces de las distintas instancias judiciales (primera
instancia, apelación y casación) han valorado y ponderado la evidencia presentada. Esto permite
identificar tendencias, inconsistencias o estándares de prueba aplicados por la Función Judicial.
Valoración Jurídica de la Aplicación (Art. 146 COIP): Finalmente, la investigación ofrece una
valoración crítica sobre la correcta aplicación del Artículo 146 del COIP por parte de los
operadores de justicia (jueces, abogados defensores y fiscales). Se busca determinar si la
Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 5(especial multidisciplinar), 63-72, 2025
Responsabilidad penal por mala práctica médica en Ecuador: Enfoque jurídico de prueba y evidencia
Criminal liability for medical malpractice in Ecuador: A legal approach to evidence and proof
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aplicación de la norma es rigurosa en el establecimiento de la culpa y el nexo causal, o si, por el
contrario, existe una tendencia a la "responsabilidad por el resultado" o una aplicación deficiente
que afecta la seguridad jurídica de los profesionales o la justicia para las víctimas.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Católica de Cuenca y su maestría en derecho médico.
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