Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
Multidisciplinary Journal Investigative Perspectives
Vol. 4(Especial), 15-25, 2024
https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iDerecho.127
15
Regulación normativa frente al porte y tenencia de armas traumáticas en
el sistema penal ecuatoriano
Regulating the carrying and possession of traumatic weapons in the
Ecuadorian criminal justice system
Diana Michelle Donoso-Tovar
dq.dianamdt41@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes. UNIANDES, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-8935-7924
Geoconda del Rocío García-Sánchez
uq.geocondags@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes. UNIANDES, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1368-5630
Cesar Elías Paucar-Paucar
uq.cesarpaucar@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes. UNIANDES, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-2624-0427
RESUMEN
El trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la regulación normativa frente al porte y
tenencia de armas traumáticas en el sistema penal ecuatoriano. De carácter descriptivo,
utilizando una tipología bibliográfica en 24 trabajos de investigación. La propuesta de tipificar
las armas traumáticas en Ecuador y establecer criterios claros para su uso legítimo,
prohibiciones y restricciones, así como la implementación de programas de capacitación
obligatorios, se presenta como una respuesta coherente y necesaria para abordar la
insuficiencia normativa identificada. Esta medida no solo contribuiría a prevenir el uso indebido
de estas armas, sino que también protegería los derechos humanos, promovería la seguridad
pública y garantizaría la seguridad jurídica y ciudadana en el país.
Descriptores: arma; derecho público; derechos civiles. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of this research is to analyse the normative regulation of the carrying and
possession of traumatic weapons in the Ecuadorian penal system. It is descriptive in nature,
using a bibliographic typology of 24 research studies. The proposal to typify traumatic weapons
in Ecuador and establish clear criteria for their legitimate use, prohibitions and restrictions, as
well as the implementation of mandatory training programmes, is presented as a coherent and
necessary response to address the identified normative insufficiency. This measure would not
only contribute to preventing the misuse of these weapons, but would also protect human rights,
promote public security, and guarantee legal and citizen security in the country.
Descriptors: weapons; public law; civil and political rights. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 19/02/2024. Revisado: 22/02/2024. Aprobado: 28/02/2024. Publicado: 19/03/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
Las denominadas armas traumáticas, también conocidas como armas menos letales o de
menor capacidad letal, están diseñadas para incapacitar o desorientar a una persona sin
causarle daño mortal (Zurita-Ruales, 2024). Se considera arma traumática aquella que guarda
similitud con un arma convencional mortal, pero utiliza proyectiles no mortales, como las
pelotas de goma. Estas armas de menor letalidad deben ser exclusivamente empleadas por las
fuerzas estatales en operaciones destinadas al mantenimiento del orden y la seguridad pública
(Pérez, 2023; Caicedo-Holguín et al. 2023).
La crisis de seguridad que ha prevalecido en América Latina en las últimas décadas (Moreno-
Mena, 2023), se ha puesto de relieve el papel de las armas de fuego en el aumento de la
violencia en la región (Sanjurjo-García, 2021). La situación en Ecuador refleja esta
preocupación, donde la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad ha llevado a los
ciudadanos a adoptar medidas extremas para protegerse del crecimiento de la extorsión
(Rocchio et al. 2024), la intimidación y el hostigamiento, e incluso de las tan conocidas
"vacunas", incluyendo que (Chávez-Cadena & Abril-Donoso, 2023), explican mediante un
modelo de predicción que la vía pública en Ecuador es el lugar donde existe mayor
probabilidad de sufrir un homicidio, esto por igual para las personas de toda edad, género,
nacionalidad.
En este sentido, la ausencia de una regulación clara sobre las armas traumáticas en la
legislación ecuatoriana ha generado un dilema legal en el país. Tanto el COIP como la Ley de
Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios carecen de disposiciones específicas para estas
armas. Esta falta de claridad en la clasificación ha llevado a que los fiscales a menudo no
presenten cargos relacionados con armas de fuego convencionales, lo que puede resultar en
juicios que no prosperan. Esto genera una preocupación significativa en términos de seguridad
pública y la persecución efectiva de delitos que involucran armas traumáticas.
En este contexto, este artículo aborda la necesidad imperativa de analizar de manera
exhaustiva la insuficiencia normativa en la regulación de la posesión y porte de armas
traumáticas. La importancia de abordar este tema radica en la necesidad de preservar la
seguridad pública y proteger los derechos de los ciudadanos, asegurando un marco legal sólido
que fomente la convivencia pacífica y prevenga la violencia en la sociedad ecuatoriana.
La creciente inquietud en torno al manejo y posesión de armas traumáticas no especificadas en
la legislación ecuatoriana plantea un desafío de gran magnitud dentro del ámbito de la
seguridad pública y la lucha contra el crimen. Surge así la pregunta crucial: ¿Cuál es el impacto
de la ausencia de una tipificación clara de las armas traumáticas en el Código Orgánico Integral
Penal (COIP) en la seguridad pública?
El trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la regulación normativa frente al porte y
tenencia de armas traumáticas en el sistema penal ecuatoriano.
MÉTODO
De carácter descriptivo, utilizando una tipología bibliográfica en 24 trabajos de investigación.
Para obtener los resultados, se realizaron análisis teóricos y se interpretaron los aportes y
reflexiones expresados por los autores relevantes en la temática. En cuanto a la obtención de
datos, se utilizaron dos métodos fundamentales.
En primer lugar, se aplicó el método de derecho comparado (Mancera-Cota, 2008), lo que
permitió realizar un análisis de comparación y contraste entre legislaciones, en este caso
colombiana y ecuatoriana, en relación con la tipificación de las armas traumáticas.
En segundo lugar, la examinación de los datos se llevó a cabo por medio del método analítico
(Díaz-Facio-Lince, 2010), lo que permitió estudiar los distintos elementos relacionados con el
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delito en cuestión. Asimismo, se aplicaron métodos específicos de las ciencias jurídicas, como
la hermenéutica, para analizar la interpretación de las leyes establecidas por el legislador.
En relación con la obtención de datos de campo, se llevaron a cabo entrevistas informales con
varios actores relevantes vinculados a la temática.
Entre los entrevistados se incluyen jueces de la Corte Provincial, como el Abogado Julio Wilson
Almache Tenesela y el Abogado Lenin García, y como jueces de primera instancia, la Abogada
Patricia Saltos Espinoza, el Abogado Cesar Elías Paucar y el Abogado Freddy Barzola
Miranda, quienes proporcionaron sus perspectivas y opiniones sobre la regulación normativa de
la tenencia y porte de armas traumáticas en el sistema penal ecuatoriano. Además, se
entrevistó al Fiscal Abogado Cristhian Montoya Tello, quien ofreció su visión desde la
perspectiva de la Fiscalía. Estas entrevistas ofrecieron una comprensión más exhaustiva de los
desafíos e implicaciones de la falta de regulación específica para las armas traumáticas en
Ecuador.
Finalmente, para obtener resultados sólidos, se realizaron análisis teóricos e interpretaciones
de autores relevantes en la temática, apoyándonos en una amplia bibliografía de investigación.
Esta revisión crítica permitió identificar perspectivas y enfoques diversos sobre la regulación de
la tenencia y porte de armas traumáticas, proporcionando una base robusta para las
conclusiones del estudio.
RESULTADOS
Dando cumplimiento al direccionamiento de la investigación, a través de los objetivos
planteados, se lograron obtener diversos resultados, que fortalecen las bases del estudio
propuesto, dando a su vez mayor veracidad a la información vertida en él mismo y permite
entender de mejor forma el problema. Para un mejor entendimiento de los resultados
alcanzados, mediante la investigación se definen primero varios conceptos importantes, que
facilitan el entendimiento y enfoque del estudio tales como:
La ausencia de regulación específica plantea interrogantes sobre cómo se deben abordar los
delitos relacionados con las armas traumáticas y qué sanciones deben aplicarse. Los principios
fundamentales de legalidad y taxatividad, esenciales en el sistema jurídico ecuatoriano, se ven
desafiados por esta situación, lo que genera incertidumbre jurídica y falta de claridad en cuanto
a las consecuencias legales del uso de armas traumáticas en el país. Las conversaciones con
jueces y fiscales ofrecen una visión más profunda de esta compleja problemática, por lo que se
compartirán los resultados de dichos encuentros.
1. ¿Para usted se encuentra tipificado en el COIP, la tenencia y porte de armas traumáticas
en el Ecuador?
La falta de tipificación en el COIP es un consenso entre los entrevistados, destacando la
limitación del artículo 360 a armas de fuego y la ausencia de mención específica de armas
traumáticas.
2. ¿Cuál es su perspectiva sobre la falta de regulación específica para las armas traumáticas
en la legislación ecuatoriana y cómo cree que esto afecta el sistema penal y la seguridad
pública en el país?
El Juez Provincial, Abg. Julio Almache, menciona que no se encuentra una definición sobre las
armas traumáticas en el artículo 360 del COIP. En contraste, el Abg. Lenin García y el Fiscal,
Abg. Cristhian Montoya, argumentan que la ausencia de regulación específica para las armas
traumáticas permite la comisión impune de delitos, afectando la seguridad pública. La Jueza de
primer nivel, Abg. Patricia Saltos, destaca el vacío legal en casos de porte y tenencia de armas
traumáticas.
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Los Jueces de primer nivel, Abg. Cesar Paucar y Abg. Freddy Barzola, advierten que la falta de
tipificación genera miedo e intimidación en la sociedad. Principio del formularioFinal del
formularioLos entrevistados coinciden en que la falta de regulación específica genera
vulnerabilidades en la seguridad pública, permitiendo delitos impunes y generando miedo en la
sociedad.
3. ¿Usted recuerda algún caso en el que se haya declarado la culpabilidad por el delito en
cuestión?Principio del formulario
Los jueces, incluyendo a Abg. Julio Almache, Abg. Lenin García, Abg. Patricia Saltos Abg.
Cesar Paucar y Abg. Freddy Barzola, han ratificado consistentemente el estado de inocencia
en casos de armas traumáticas, destacando la falta de claridad en la tipificación legal.
4. ¿Para emitir una sentencia (o dictamen abstentivo) en caso de armas traumáticas que
parámetros deben considerarse?
Los profesionales legales, como Abg. Julio Almache y Abg. Lenin García, adoptan diferentes
enfoques al emitir sentencias sobre armas traumáticas. Mientras Almache se basa en el
artículo 360 y en la conducta del uso del arma, García ratifica el estado de inocencia sin
acusación fiscal debido a la inexistencia del tipo penal. La Jueza de primer nivel, Abg. Patricia
Saltos y el Abg. Freddy Barzola, emite su sentencia basándose en el pronunciamiento de la
fiscalía y ratifica el estado de inocencia en caso de falta de acusación.
El Abg. Cesar Paucar fundamenta sus decisiones en la falta de tipificación según el Artículo
360 y la inexistencia de acusación fiscal. El Fiscal, Abg. Cristhian Montoya, emite un dictamen
abstentivo cuando no se cumplen los componentes fundamentales del tipo penal, evidenciando
la complejidad y falta de claridad en la tipificación legal de las armas traumáticas en el contexto
jurídico ecuatoriano. La ausencia de tipificación en el COIP es el factor clave para la emisión de
sentencias, con un enfoque en la conducta del uso del arma y la falta de acusación fiscal.
5. ¿Usted considera que el principio de legalidad se ve afectado por la falta de regulación
normativa en cuanto a la tenencia y porte de armas traumáticas?
Los jueces, como el Abg. Lenin García, Abg. Wilson Almache, Abg. Patricia Saltos Espinoza, y
el Fiscal, Abg. Cristhian Montoya Tello, argumentan que no se vulnera porque no está
tipificado.
Aunque el Juez de primer nivel, Abg. Cesar Elías Paucar, sostiene que se vulnera, su opinión
difiere de la mayoría. Se concluye en que hay discrepancias en la percepción sobre si afecta el
principio de legalidad. La mayoría de los entrevistados opina que no, ya que se encuentra
regulado en los Reglamentos internos de armas.
6. ¿Opina usted que las normas penales en blanco inciden en el principio de taxatividad?
Tanto Jueces Provinciales, Abg. Wilson Almache, y Abg. Lenin García, como los Jueces de
primer nivel, Abg. Patricia Saltos, Abg., Cesar Paucar comparten la opinión de que sí vulneran
este principio de taxatividad. El Fiscal, Abg. Cristhian Montoya Tello, sostiene esta perspectiva,
indicando que la ambigüedad del Art. 360 del COIP contribuye a la vulneración de dicho
principio.
Armas Traumáticas
Los dispositivos traumáticos, también conocidos como armas sin letalidad, son aparatos
diseñados con el propósito de crear efectos disuasorios y de control en situaciones de riesgo,
sin la intención de causar daño mortal. Estas se emplean comúnmente con fines de
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autodefensa o para simular disparos en eventos deportivos, ejercicios militares y en la industria
del entretenimiento. Su propósito principal no es provocar la muerte, sino infundir temor o
inmovilizar temporalmente a una posible amenaza (Olaya, 2022, pp. 7-9). La doctrina suele
clasificar las armas traumáticas en tres categorías principales, aunque la clasificación puede
variar según el contexto:
1. Armas de fogueo: Estas armas funcionan mediante una detonación de sonido y un
destello del cañón, pero no disparan proyectiles letales. Los cartuchos de fogueo que
utilizan contienen pólvora u otras sustancias similares que producen ruido y destellos,
pero no disparan balas convencionales (Rodríguez, 2020, p. 15).
2. Armas de fuego traumáticas: Estas son armas de fuego menos letales utilizadas en
operaciones policiales o de seguridad. Disparan proyectiles de baja potencia capaces
de causar dolor e inmovilizar a individuos, con un riesgo generalmente reducido de
provocar daño letal. Sus proyectiles reciben diversas denominaciones, como balas de
plástico o goma, y el daño infligido está influenciado por factores como el calibre de las
municiones, su peso y composición.
3. Armas de aire comprimido: Funcionan con aire comprimido y disparan pequeños
perdigones a alta velocidad. A pesar de su carácter menos letal, estas armas pueden
causar lesiones significativas si se utilizan incorrectamente o se dirigen a áreas
sensibles del cuerpo (Fernández, 2023, p. 31).
Es de vital importancia destacar que, aunque por su diseño no son letales, el uso indebido de
armas traumáticas puede resultar en lesiones graves, especialmente cuando se efectúan
disparos a corta distancia o se apuntan a regiones del cuerpo particularmente sensibles. Este
hecho subraya la imperiosa necesidad de contar con una regulación precisa y efectiva para
prevenir posibles incidentes (González et al. 2020; Álvarez-Velasco & S. Jiménez, 2020).
Principios Normativos
En el contexto ecuatoriano, los principios normativos juegan un papel crucial en la
configuración y aplicación del sistema legal. Estos principios son fundamentales para garantizar
que las leyes sean justas, coherentes y proporcionadas, y que el sistema legal en su conjunto
respete las garantías básicas de los individuos.
La regulación de las armas traumáticas en el contexto ecuatoriano plantea desafíos
significativos en relación con varios de los principios normativos fundamentales que rigen el
sistema legal en el país. Antes de establecer una relación entre la falta de regulación de las
armas traumáticas y los principios normativos clave, es necesario mencionarlos y definirlos
para una mejor comprensión.
El artículo 5 del COIP define los principios esenciales que regulan el debido derecho dentro del
proceso penal. El primero de estos principios es el de legalidad. Este principio es esencial en el
ámbito del derecho penal y se encuentra respaldado tanto en la Constitución como en los
acuerdos internacionales aceptados por el Estado ecuatoriano. (Polo, 2018, pp. 225-226)
El principio de legalidad establece que no puede haber una violación penal, una sanción, o un
proceso penal sin que exista con anterioridad una ley que describa de manera clara la
conducta considerada como delictiva (Aponte-Arcila, 2022). En otras palabras, ningún individuo
puede ser imputado o castigado por una acción que no esté predefinida como delito en una ley.
Este principio asegura que las personas tengan claridad y certeza acerca de cuáles son las
acciones prohibidas por la ley y cuáles son las consecuencias legales de cometer un delito.
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En el derecho penal se reconoce un aforismo en latín que se relaciona con el principio de
legalidad. "Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia", se traduce al español como "Ningún
delito, ninguna pena sin una ley previa". Es una expresión legal que encapsula el principio
fundamental de que ningún individuo puede ser castigado o procesado por un delito a menos
que exista una normativa anterior que defina de forma explícita esa conducta como delito y fije
la penalidad correspondiente (Resta, 2019, p. 45).
Este aforismo es un recordatorio de que el poder del Estado para criminalizar y castigar está
limitado por la existencia de leyes preexistentes que definen con claridad qué comportamientos
son ilegales (Cristóbal, 2020, pp. 257-259). La aplicación de mismo es crucial para asegurar la
equidad del proceso penal y que los derechos individuales estén protegidos.
El principio de legalidad está estrechamente relacionado con la problemática de las armas
traumáticas y su falta de regulación en el contexto ecuatoriano. La ausencia de una definición
específica para las armas traumáticas en la legislación ecuatoriana plantea una preocupación
fundamental en términos del principio de legalidad. Debido a la falta de definición y regulación
legal, se crea una situación en la que las personas pueden poseer y utilizar armas traumáticas
sin el temor a ser sancionadas, ya que no existe una ley previa que establezca claramente las
restricciones y las consecuencias legales de su uso.
Esta falta de tipificación específica en la legislación ecuatoriana deja un vacío legal que es
incongruente con el principio de legalidad ya que, según el mismo, las personas tienen derecho
a estar informadas de forma precisa y clara sobre las conductas que están prohibidas y cuáles
son las sanciones que enfrentarán si infringen la ley. La observancia de estos principios es
esencial para mantener un sistema legal justo, equitativo y respetuoso de los derechos
humanos (Lledó, 2016, p. 247). En este punto es importante referirse al principio de taxatividad.
Fonseca indica que, el principio de taxatividad establece que las leyes penales deben
redactarse de forma completa, clara, precisa y exacta (Fonseca, 2022, p. 283). Este principio
es esencial para garantizar que las leyes penales sean accesibles y comprensibles para todas
las personas y que no den lugar a interpretaciones ambiguas o contradictorias. Además,
también se encarga de evitar la arbitrariedad en el empleo de la ley y proteger los derechos
esenciales de los ciudadanos.
Cuando una ley penal no cumple con el principio de taxatividad, es decir, cuando es ambigua,
vaga o contradictoria en su redacción, se crea incertidumbre y dificulta la interpretación de la
norma. Esto puede tener graves consecuencias, ya que las personas pueden no saber con
certeza qué comportamientos son ilegales, lo que puede llevar a la inseguridad jurídica y a la
impunidad (Tixi-Torres et al. 2021).
Es crucial resaltar que el principio de taxatividad es fundamental para garantizar un sistema de
justicia penal equitativo y predecible. Cuando las leyes penales carecen de claridad y precisión,
existe el riesgo de que los derechos de las personas acusadas no se respeten debidamente y
de que se produzcan interpretaciones erróneas o injustas de la ley (Cóndor-Aquieta, 2019, p.
21). Por lo tanto, la transparencia y la exactitud en la redacción de las leyes penales son
esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de justicia. Bajo el concepto antes
mencionado resulta imperioso analizar el artículo 360 del COIP aborda la tenencia y porte no
autorizado de armas, revelando una falta de regulación específica en relación con las armas
traumáticas, lo que plantea una serie de desafíos y problemas en la interpretación y ejecución
de la ley en el país.
En primer lugar, el artículo no menciona explícitamente las armas no letales más conocidas
como armas traumáticas, lo que genera incertidumbre jurídica en cuanto a si estas armas
deben considerarse bajo la misma categoría que las armas de fuego o si requieren una
disposición legal separada para su regulación. Dado que las armas traumáticas comparten
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similitudes con las tradicionales armas de fuego en términos de apariencia y capacidad para
causar lesiones, la falta de claridad en la reglamentación dificulta la determinación de cuándo el
porte o tenencia de armas traumáticas podría constituir un delito.
En segundo lugar, la falta de regulación específica en el artículo 360 también plantea sobre el
porte en lo que respecta a las sanciones y penas relacionadas con las armas letales. Como las
armas traumáticas no se mencionan en el artículo, no se establecen directrices claras sobre
cuándo su posesión o uso podría dar lugar a sanciones legales. Esto plantea a que no se
distingue adecuadamente entre el uso legítimo y el abuso de estas armas. La falta de
regulación normativa específica en el artículo 360 en relación con las armas traumáticas resalta
la importancia de tratar este asunto en el contexto legal ecuatoriano. Una enmienda legal que
incluya disposiciones específicas sobre las armas traumáticas podría proporcionar claridad
jurídica, garantizando el cumplimiento de los principios legales y de derechos fundamentales en
Ecuador.
Por su parte, el artículo 195 de la CRE, 411 del COIP y 282 del COFJ, prevé la titularidad de la
acción penal pública en el país. De acuerdo con esta disposición legal, la Fiscalía dará inicio a
la acción penal pública al disponer de pruebas suficientes que respalden tanto la existencia de
la infracción como la responsabilidad de la persona procesada. La relevancia de este artículo
se torna evidente cuando se considera su aplicación en el contexto que concierne. En primer
lugar, este artículo exige que la Fiscalía cuente con elementos de convicción suficientes para
respaldar tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad de la persona procesada.
Pese a lo antes mencionado, en lo que respecta a las armas traumáticas, la carencia de
regulación específica en la legislación genera una inusual complejidad en la determinación de
cuándo la posesión o el uso de estas armas podría considerarse una infracción penal. La
ambigüedad en la ley obstaculiza la aplicación de este artículo, pues no está claro cuándo se
cumplen los requisitos de "elementos de convicción suficientes" en situaciones vinculadas con
armas traumáticas.
En segundo lugar, el artículo 411 confiere a la Fiscalía la posibilidad de decidir no ejercer la
acción penal en situaciones específicas. Sin embargo, en ausencia de regulación específica
para las armas traumáticas, la Fiscalía podría optar por abstenerse de emprender acciones
legales en casos relacionados con estas armas, amparándose en la ambigüedad legal. En el
contexto anterior, el concepto de ley penal en blanco adquiere una relevancia fundamental.
Este concepto se conecta directamente con la falta de claridad y regulación específica en la
legislación ecuatoriana, especialmente en el artículo 360 del COIP.
La falta de especificidad que presenta el artículo 360 crea un vacío legal que se asemeja a lo
que se entiende como leyes penales en blanco. Aquellas pueden definirse como aquellas que
especifican la sanción aplicable, describiendo solo de manera parcial el tipo delictivo
correspondiente y dejando la determinación de la conducta punible o su resultado a otra norma
jurídica a la cual remite de manera expresa o implícita (Cury, 1988, pp. 34-35)
Cuando se aplica esta definición al contexto de la regulación de las armas traumáticas en
Ecuador, se plantean cuestiones fundamentales. En Ecuador, la falta de regulación específica
para las armas traumáticas en el artículo 360 crea un vacío legal que es, en cierto sentido, una
forma de ley penal en blanco al no definir específicamente cuáles armas forma parte de la
regulación. Como resultado, no está claro si las armas traumáticas deben considerarse armas
reguladas por este artículo o si requieren una disposición legal separada.
Este enfoque ambiguo en la legislación genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación
efectiva de la ley. Los jueces y fiscales se encuentran en una situación compleja al determinar
si la posesión o el uso de armas traumáticas constituye una infracción penal en ausencia de
una regulación específica. Además, complementar la ley penal en blanco, en este caso, podría
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ser inconstitucional afectando el principio de legalidad, que requiere que las leyes penales sean
claras y precisas (Reyna, 2000, p. 326).
En la práctica, cuando se enfrentan a normas penales en blanco, como en el caso de las armas
traumáticas en Ecuador, los jueces pueden basarse en costumbres o prácticas habituales. Sin
embargo, esta práctica plantea sus propias preocupaciones, ya que podría llevar a la
interpretación subjetiva de la ley y la aplicación desigual de la misma.
Dado que no existe una definición clara y precisa en la legislación, los jueces y fiscales pueden
recurrir a sus propias interpretaciones, sin embargo, aquello debe realizarse con cuidado y
extrema motivación por cuanto podría contravenir el principio de legalidad y la necesidad de
leyes claras y previsibles. El análisis de los resultados de esta investigación sobre la regulación
de armas traumáticas en el sistema penal ecuatoriano revela aspectos novedosos y ofrece una
amplia comprensión de los desafíos legales y de seguridad pública en el país. A lo largo de
esta discusión, se abordarán varios aspectos clave, como la comparación con el caso
colombiano, las implicaciones de la falta de regulación y las posibles soluciones.
Uno de los puntos sobresalientes de este análisis es la comparación con el caso colombiano,
que arroja luz sobre las diferencias fundamentales en la clasificación de las armas traumáticas.
Mientras Ecuador las considera armas de fuego de baja letalidad e incluso las cataloga como
no letales en ciertos artículos, Colombia las denomina "menos letales" y reconoce su potencial
para amenazar los bienes jurídicos protegidos del Estado. Esta distinción resalta la importancia
de una definición precisa en el contexto legal y refleja una aproximación más rigurosa por parte
de Colombia en la regulación de estas armas. Ecuador podría beneficiarse de considerar una
definición más específica en su legislación.
Otro hallazgo clave es la falta de tipificación específica de las armas traumáticas en el COIP
ecuatoriano. Esto plantea un desafío significativo en el ejercicio del principio de legalidad y la
persecución de aquellos que hacen uso indebido de estas armas. La ausencia de regulación
específica genera incertidumbre jurídica y obstaculiza la identificación y persecución de
delincuentes que utilizan armas traumáticas en actividades delictivas. Además, la falta de
regulación dificulta la prevención del uso indebido de estas armas, lo que representa un riesgo
para la seguridad pública.
Esta situación expone a la sociedad a riesgos innecesarios y aumenta la posibilidad de abusos.
Abordar esta insuficiencia normativa es esencial para salvaguardar los derechos humanos,
prevenir abusos y garantizar la seguridad de la sociedad ecuatoriana. En última instancia, la
propuesta presentada busca establecer un marco legal sólido que preserve la seguridad
pública y proteja las garantías y derechos ciudadanos.
El diagnóstico empírico de la problemática en Ecuador revela que la ausencia de una
tipificación específica de las armas traumáticas crea una laguna jurídica que podría ser
explotada por aquellos que buscan causar daño o amenazar la seguridad pública. Además,
limita la capacidad de los fiscales para formular cargos, lo que, en última instancia, vulnera la
seguridad jurídica del Estado.
Las implicaciones de los resultados son sustanciales, ya que apuntan a la necesidad urgente
de una reforma legal en Ecuador. La tipificación de las armas traumáticas se presenta como
una necesidad imperante. La legislación debe establecer de manera clara en qué
circunstancias estas armas pueden ser utilizadas legítimamente por las fuerzas de seguridad y
otros actores, incorporando criterios de proporcionalidad y medidas para prevenir el uso
excesivo. Paralelamente, se sugiere la implementación de programas de capacitación
obligatorios para quienes utilicen armas traumáticas, lo que garantizaría un uso adecuado y
responsable de estas herramientas, reduciendo así la posibilidad de casos inimputables debido
a la falta de conocimiento.
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La falta de regulación adecuada de las armas traumáticas en Ecuador tiene implicaciones
sustanciales. Expone a la sociedad a riesgos innecesarios y aumenta la posibilidad de abusos.
En última instancia, la propuesta presentada busca establecer un marco legal sólido que
preserve la seguridad pública y proteja los derechos de los ciudadanos, incluyendo la
seguridad jurídica y la ciudadana.
CONCLUSIONES
La discusión de los resultados resalta la importancia de abordar la falta de regulación de las
armas traumáticas en el sistema penal ecuatoriano. La comparación con el caso colombiano, la
identificación de desafíos legales y de seguridad pública, y las implicaciones de los resultados
respaldan la necesidad de una reforma legal que establezca una regulación específica y clara
para estas armas. La seguridad pública y los derechos ciudadanos están en juego, y es
responsabilidad del sistema legal ecuatoriano abordar esta problemática de manera efectiva.
Esta investigación aporta una comprensión más profunda de la situación actual de las armas
traumáticas en Ecuador y resalta la urgente necesidad de una acción legal y regulatoria para
abordar los desafíos planteados. La búsqueda de soluciones que aseguren un entorno seguro
y legalmente sólido en el país debe tener como prioridad la seguridad pública y el respeto de
los derechos humanos.
El análisis comparativo con Colombia ha proporcionado valiosas percepciones sobre posibles
enfoques para abordar esta problemática en Ecuador. Colombia, a través del Decreto 1417 de
2021, ha logrado establecer una clasificación y regulación de armas traumáticas, lo que podría
servir como un precedente importante para Ecuador en la búsqueda de soluciones efectivas y
adecuadas en este tema.
La propuesta de tipificar las armas traumáticas en Ecuador y establecer criterios claros para su
uso legítimo, prohibiciones y restricciones, así como la implementación de programas de
capacitación obligatorios, se presenta como una respuesta coherente y necesaria para abordar
la insuficiencia normativa identificada. Esta medida no solo contribuiría a prevenir el uso
indebido de estas armas, sino que también protegería los derechos humanos, promovería la
seguridad pública y garantizaría la seguridad jurídica y ciudadana en el país.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Regional Autónoma de Los Andes. UNIANDES, Quevedo, Los Ríos, Ecuador.
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Regulación normativa frente al porte y tenencia de armas traumáticas en el sistema penal ecuatoriano
Regulating the carrying and possession of traumatic weapons in the Ecuadorian criminal justice system
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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